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Causa Adorni: contratista declaró pagos por USD 245 mil por refacciones
Un contratista declaró que Manuel Adorni pagó USD 245 mil en efectivo por la refacción de su casa mientras avanza la causa por presunto enriquecimiento ilícito.
POR REDACCIÓN
El contratista Matías Tabar declaró ante la Justicia que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, abonó USD 245 mil en efectivo por la remodelación de su vivienda en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. La presentación se realizó en los tribunales federales de Comodoro Py, en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito.
Durante su declaración, Tabar aportó documentación, fotografías y videos de las obras realizadas y dejó su teléfono celular para peritajes, con el objetivo de recuperar mensajes vinculados a la contratación. Según su testimonio, los pagos se realizaron en distintas etapas entre fines de 2024 y 2025, sin recibos formales.
El contratista indicó que fue contactado a través de WhatsApp y detalló que las tareas incluyeron remodelaciones en distintos sectores de la propiedad, de unos 400 metros cuadrados, además de trabajos de mobiliario y mejoras generales.
En paralelo, la investigación judicial incorpora el análisis de otros movimientos vinculados al patrimonio del funcionario, entre ellos gastos en viajes y estadías. De acuerdo a reconstrucciones periodísticas, la familia Adorni habría realizado más de 18 viajes desde 2022, con erogaciones que superan los 25.000 dólares en una parte de esos traslados.
También se analiza la operatoria vinculada a la compra de la vivienda. La propiedad fue escriturada en noviembre de 2024, el mismo día en que el funcionario recibió un préstamo de 100.000 dólares otorgado por dos mujeres policías, con una tasa de interés pactada y devolución en cuotas. Parte de ese dinero ya habría sido reintegrado.
A esos movimientos se suman pagos asociados al ingreso al barrio privado y otros gastos inmobiliarios, mientras la Justicia revisa el flujo total de fondos, ingresos y deudas del funcionario.
La causa es llevada adelante por el fiscal Gerardo Pollicita y el juez federal Ariel Lijo, con intervención de organismos técnicos de apoyo contable para el análisis de la información patrimonial.