Causa Cuadernos: los millones que imputados ofrecieron para no ir a juicio

El expediente de los Cuadernos de las coimas ingresó en una fase decisiva. El Tribunal Oral Federal N°7 (TOF 7) deberá resolver en los próximos días si acepta las ofertas económicas de empresarios y exfuncionarios imputados, que buscan extinguir la acción penal mediante la figura de la reparación integral.

La lista completa - qué montos ofrecieron

• Mario Marcussi. Empresario. USD 203
• Carlos Román. Dueño de Green. USD 1.823
• Carlos Arroyo. Socio de Green. USD 1.823
• Luis Armani. Dueño de Vialmani. USD 3.379
• Alberto Taselli. Empresario. USD 10.000
• Roberto Juan Orazi. Dueño de Hidraco. USD 92.178
• Rodolfo Armando Poblete. Ejecutivo de Hidrovía. USD 33.788
• Juan José Luciano. Socio de Luciano SA. USD 60.819
• Daniel Claudio Pitón. Empresario. USD 93.119
• Armando Roberto Losan. Dueño de Albanesi y Bodega del Desierto. USD 122.473
• Adrián y Mauricio Pascucci. Socios de la constructora Alquimaq. $133.000.00
• Patricio Gerbi. Presidente de Coarco. USD 139.699
• Miguel Marcelino Amzar. Presidente de Vial 3. USD 162.183
• Claudio Javier Glazman. Empresario. USD 206.904
• Ricardo Santiago Scuncia. Contador Grupo Roggio. USD 221.109
• Julio José Paulecci. USD 256.796
• Jorge Benolol. Empresario. USD 290.578
• Osvaldo Acosta. Dueño de Electroingeniería. USD 295.984
• Santiago Ramón Altieri. Ejecutivo de Iecsa. USD 309.240
• Miguel Ángel Marconi. Socio de Supercemento. USD 342.612
• Rubén Valentí y Enrique Pescarmona. Dueño de Industrias Metalúrgicas Pescarmona. USD 344.639
• Benjamín Gabriel Romero. Dueño de Hidrovías y Ferrovías. USD 344.840
• Héctor Javier Caballero. Ex gerente general de IECSA. USD 460.641
• Mario L. Rovella. Socio de la constructora Rovella-Carranza. USD 494.542
• Gabriel Pedro Losi. Socio de Luis Losi SA. USD 557.630
• Juan Manuel Collazo. Ex directivo de Helport. USD 603.456
• Cristobal Manuel López, Fabián De Sousa y Osvaldo De Sousa. Empresario. USD 683.029
• Ernesto Clarens. Financista. USD 1.500.000
• Angelo Calcaterra. Ex dueño de IECSA. USD 1.684.442
• Aldo Roggio. Ex presidente de grupo Roggio. USD 1.267.108
• César Arturo de Goycochea y Juan Carlos De Goycochea. Ejecutivos de Isolux Corsán. USD 1.081.220
• Hugo Alberto Draggnotti. Dueño de Panedile. USD 960.391
• Oscar Abel Sansinena – Embargo más actualización
• Guillermo Escolar – Embargo más actualización
• Pablo José Gutiérrez – Embargo más actualización
• Jorge Juan Mauricio Balan – Embargo más actualización

La decisión marcará si la causa llega finalmente al juicio oral previsto para el 6 de noviembre o si algunos de los acusados logran evitarlo mediante compensaciones millonarias.

En la lista aparecen cerca de 46 imputados, con montos que superan los 12 millones de dólares. Entre las propuestas más altas se destaca la de Ángelo Calcaterra, primo del expresidente Mauricio Macri, quien ofreció 1,68 millones de dólares. El ex dueño de Iecsa argumentó que sus aportes fueron de campaña en negro y no sobornos, aunque su planteo fue rechazado por la Justicia.

Otro caso resonante es el del financista Ernesto Clarens, que propuso entregar un departamento y un yate en Miami, valuados en casi 1,5 millones de dólares. A su vez, Aldo Roggio, ex titular del Grupo Roggio, ofreció 1,26 millones en divisa norteamericana para evitar enfrentar a los jueces.

Las propuestas también incluyen sumas menores: el empresario Mario Marcuzzi ofreció apenas 300 .000 dólares, mientras que Alberto Taselli, ligado a empresas energéticas y constructoras, planteó pagar solo 10.000 dólares.

El mecanismo no solo fue utilizado por empresarios. Entre los exfuncionarios figura Fabián García Ramón, ex director de Promoción de Energías Renovables, que ofreció casi 1 millón de dólares. También Juan Manuel Abal Medina, ex jefe de Gabinete de Cristina Fernández, reconoció haber recibido bolsos con dinero para la campaña de 2013 y propuso 40.000 dólares como reparación.

La resistencia de la fiscalía

La fiscal federal Fabiana León rechazó de plano las ofertas. “En esta fiscalía no se vende impunidad. No hay precio que se pueda poner al daño institucional que se causó. No es patrimonial, erosiona la confianza pública y la legitimidad del Estado”, sostuvo durante la audiencia virtual en la que participaron más de 70 imputados.

En la misma línea, Mariano Galpern, de la Unidad de Información Financiera (UIF), advirtió: “Admitir la reparación integral sería mercantilizar la corrupción, convirtiendo el proceso penal en un sistema de transacciones donde el poder adquisitivo reemplaza el principio de igualdad ante la ley”.

Las defensas replicaron que la reparación integral está prevista en el artículo 59, inciso 6, del Código Penal y que no implica impunidad. “No se trata de un beneficio exclusivo para personas adineradas”, aseguraron los abogados de algunos imputados, quienes insistieron en que la ley no limita su aplicación a ciertos delitos.

Incluso, algunos plantearon que la fiscalía persigue solo a empresarios y desatiende a funcionarios, lo que vulneraría la igualdad ante la ley. Sin embargo, el tribunal desestimó las recusaciones contra León.

Una decisión clave en cuenta regresiva

El TOF 7, integrado por Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, deberá resolver si los ofrecimientos alcanzan para cerrar el caso o si, como piden la fiscalía y la UIF, el proceso debe avanzar hacia un juicio oral público.

La expectativa es máxima: la decisión definirá si los Cuadernos de la Corrupción, uno de los expedientes más emblemáticos de las últimas décadas, se resuelve mediante pagos y compensaciones o si los acusados enfrentan el juicio más esperado de los últimos años.