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Chile: lo despidieron por un video sexual y ahora demanda por USD 230 mil
Un funcionario municipal fue despedido tras la viralización de un video íntimo grabado en su lugar de trabajo y ahora inició una demanda contra su empleador por casi USD 230.000.
POR REDACCIÓN
Un funcionario de la Municipalidad de Vitacura, en Chile, inició una demanda judicial contra su empleador luego de haber sido despedido tras la viralización de un video en el que se lo observa manteniendo relaciones sexuales dentro de una oficina del edificio municipal. El ex trabajador reclama una indemnización cercana a los USD 230 mil, argumentando daño moral y discriminación.
El hecho ocurrió la noche del 25 de junio del año pasado, cuando el ingeniero informático realizaba horas extras junto a otra persona en dependencias municipales. El episodio fue registrado desde el exterior del edificio por jóvenes que se encontraban practicando skate en el lugar. El video se difundió rápidamente en redes sociales y, tras conocerse la demanda, volvió a circular con fuerza, acumulando millones de reproducciones.
La acción judicial fue presentada a mediados de diciembre ante el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago. En el escrito, el ex funcionario sostuvo que durante sus nueve años de servicio mantuvo evaluaciones de desempeño sobresalientes y que el sumario administrativo que derivó en su despido fue “ilegal” y con “arbitrariedades”.
Según la demanda, la decisión de apartarlo del cargo fue anunciada públicamente antes de que concluyera el proceso administrativo, lo que —de acuerdo al reclamante— afectó su derecho a defensa y provocó un fuerte impacto en su salud emocional. En ese sentido, aseguró haber sufrido estrés, ansiedad y un deterioro de su estabilidad psíquica.
Además de la indemnización económica, el demandante solicitó que el municipio publique una declaración pública reconociendo el daño causado y que la alcaldesa de Vitacura participe en una capacitación sobre derechos laborales.
El caso generó amplia repercusión mediática en Chile, no solo por el contenido del video que dio origen al conflicto, sino también por el reclamo judicial posterior y las implicancias legales que podría tener para la administración pública.