Comenzó el juicio al médico acusado de cobrar una cirugía que era gratuita

El médico sanjuanino Leonardo Santiago Furlotti Barassi comenzó a ser juzgado este martes en una causa que lo tiene acusado de haber cobrado $250.000 por una cirugía que debía realizarse de manera gratuita en un hospital público. El Ministerio Público Fiscal solicitó una pena de tres años de prisión condicional y seis años de inhabilitación para ejercer la medicina y ocupar cargos público.

La investigación judicial se inició tras la muerte de Axel Fabián Marinero, un joven de 34 años que había sido operado por una lesión en el tendón de Aquiles. En un principio, la familia denunció al profesional por presunta mala praxis, aunque con el avance de la causa los informes periciales descartaron responsabilidad médica en el fallecimiento del paciente. 

Sin embargo, durante las declaraciones testimoniales surgió otro hecho que cambió el rumbo del expediente. Según la acusación fiscal, el cirujano habría solicitado dinero para la compra de suturas e insumos necesarios para concretar la operación, pese a que la intervención debía realizarse sin costo alguno en el Hospital César Aguilar de Caucete, dependiente del sistema público 

De acuerdo con la teoría del caso presentada por Fiscalía, el profesional habría aprovechado la urgencia médica y la preocupación de la familia para exigir el pago de $250.000. La transferencia se habría concretado desde una cuenta de Naranja X perteneciente al paciente hacia una cuenta personal de Mercado Pago del imputado. Entre las pruebas incorporadas al expediente figuran comprobantes bancarios y conversaciones mantenidas entre las partes. 

El fiscal Nicolás Schiattino sostiene que la conducta atribuida al médico configura los delitos de estafa e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Por ese motivo, en el inicio del debate oral pidió que Furlotti Barassi sea condenado a tres años de prisión de ejecución condicional y a seis años de inhabilitación para ejercer la medicina.

La querella, representada por la abogada Josela Echegaray, respaldó la acusación y sostuvo que la familia de Marinero accedió a entregar el dinero porque confiaba en el profesional y creía que el pago era indispensable para concretar la cirugía. 

El caso generó fuerte repercusión en San Juan debido a la gravedad de la acusación y por tratarse de una intervención desarrollada dentro del sistema sanitario estatal, donde las prestaciones y los insumos deben ser cubiertos por el Estado. El juicio continuará en los próximos días con la recepción de testimonios y la exhibición de pruebas documentales.