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Condena de un año y medio para dos de la banda de los Robarruedas
Dos imputados admitieron su culpabilidad en juicios abreviados. Otros tres siguen presos por nuevos delitos detectados.
POR REDACCIÓN
El avance de la causa contra la organización delictiva conocida como la "banda de los robarruedas" derivó en las primeras dos condenas de cumplimiento efectivo. Mediante acuerdos de juicio abreviado, los imputados Lucas Rodrigo Solís y Gastón Ismael Guzmán admitieron su responsabilidad penal en los hechos investigados por el Ministerio Público Fiscal.
En el caso de Solís, el juez Diego Manuel Sanz le impuso una pena de un año y seis meses de prisión al considerarlo autor de encubrimiento doblemente agravado, debido al ánimo de lucro y la habitualidad de sus acciones.
Por su parte, Guzmán recibió una condena de dos meses de prisión como autor de robo simple. Según consta en el proceso, ambos reconocieron su participación en la maniobra delictiva y prestaron total conformidad al acuerdo alcanzado.
Mientras tanto, la situación procesal se complica para otros tres miembros: Mauricio Eduardo “Pitufo” Rodríguez, Rubén Díaz y Pablo “El Dibu” Díaz. Aunque solicitaron su libertad, el juez Maximiliano Blejman confirmó y extendió su prisión preventiva por dos meses y quince días adicionales.
Esta decisión se basó en el hallazgo de nuevos delitos tras el análisis de los teléfonos celulares secuestrados: se detectaron cuatro hechos más atribuidos a Rodríguez, tres a Rubén Díaz y dos adicionales a Pablo Díaz, todos operando bajo la misma modalidad de robo y venta ilegal.
La investigación también mantiene bajo la lupa a Carlos Páez, Nelson Arturo Vivares, Matías Vivares y Ramón Héctor Anes, ex-diputado departamental por Iglesia. Si bien estos cuatro implicados fueron excarcelados, continúan siendo investigados y no se descarta que puedan pactar juicios abreviados similares.
Este entramado delictivo incluso permeó las estructuras del Poder Judicial con la condena previa de Adolfo Andrés Holeywell, un empleado judicial que admitió haber filtrado información sensible a la banda a cambio de una pena de un año de prisión en suspenso. La magnitud de las operaciones de la banda afectó a víctimas destacadas, entre ellas el intendente de Rivadavia, Sergio Miodowsky, y el juez federal Leopoldo Rago Gallo.