Provinciales > Autodepuración en el Estado
Echaron al empleado de Ambiente que fue sorprendido cazando guanacos
El Gobierno culminó el sumario y lo exoneró, por lo que no podrá volver a ocupar un cargo en la administración provincial.
Se llama Cristian Javier Riveros y hasta el martes de la semana pasada, era empleado la Secretaría de Ambiente. Las autoridades del organismo sospechaban de su comportamiento, hasta que en mayo del año pasado lo confirmaron: en plena cuarentena estricta, en una reserva natural, la Policía lo sorprendió cuando cazaba guanacos que supuestamente debía cuidar. Tras ser sometido a un sumario administrativo, fue exonerado y nunca más podrá formar parte de la administración pública provincial.
Riveros se hizo célebremente conocido cuando la noticia de su conducta recorrió todo el país. No era para menos. Era agente de conservación de Ambiente, debía controlar el respeto de la flora y la fauna y en lugar de cumplir su función, los encontraron haciendo todo lo contrario: dándole rienda suelta a la caza furtiva en la reserva Don Carmelo, en Ullum, junto a siete persona más.
Riveros se trasladaba en una camioneta de la repartición estatal. Los agentes de Ambiente y los efectivos policiales que realizaron el procedimiento secuestraron tres guanacos y un suri muertos, un rifle calibre 22 con mira telescópica y un revolver calibre 22 en poder de los involucrados.
El propio gobernador Sergio Uñac dio la orden de iniciar un sumario administrativo de inmediato, para determinar qué fue lo que pasó y trazar responsabilidades. El proceso tuvo su resolución la semana anterior y recién trascendió ahora.
De acuerdo con la ley del empleado público, Riveros cometió una falta disciplinaria muy grave. Por eso, recibió el castigo más duro y fue exonerado. A diferencia de la cesantía, la exoneración implica que no podrá volver a ocupar un cargo en el Estado provincial.
Del decreto que ordenó la sanción surge que Riveros no tuvo una conducta decorosa y digna propia de su función y que incurrió en una incompatibilidad con la moral y las buenas costumbres. Además, el documento cita un artículo de la ley del empleado público que versa sobre el uso indebido de los bienes del Estado, en alusión a la utilización que el involucrado le dio a la movilidad de la repartición de la que formaba parte.
Es la segunda sanción que recibe el exagente de Ambiente, pero la primera en sede administrativa. Tras el operativo en Don Carmelo, cayó detenido junto a las otras personas del grupo y fue sometido a un proceso judicial en el sistema de Flagrancia. Lo encontraron culpable del incumplir las restricciones sanitarias que imperaban en esa época en concurso con el delito de caza furtiva y recibió una condena de 3 años de prisión condicional y 6 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
En Ambiente no fue una sorpresa. Según dijo en su momento el titular de la repartición, Raul Tello, el operativo en Don Carmelo se hizo porque “había sospechas”. Aunque su opinión no es vinculante, el funcionario pidió en ese entonces “la máxima sanción” para Riveros.
Dato
En el grupo de cazadores que fue sorprendido infraganti estaba también el encargado y vigilador privado de la reserva, Gustavo Albarracín.