El abogado Gregorio Dalbón denunció al juez que maneja la causa AFA

El abogado Gregorio Dalbón presentó una fuerte denuncia ante el Consejo de la Magistratura contra Diego Alejandro Amarante, quien lidera el Juzgado Nacional en lo Penal Económico número cinco. El letrado acusa al magistrado de haber mantenido reuniones y diálogos fuera del proceso con funcionarios de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero para supuestamente perjudicar a los directivos de la Asociación del Fútbol Argentino. Según la acusación, el juez habría sugerido ampliar las denuncias contra Claudio Tapia y Pablo Toviggino para incluir nuevos delitos.

En el documento, se sostiene que el magistrado habría "abandonado su posición constitucional de tercero imparcial para asumir un rol materialmente asimilable al de colaborador o asesor informal de la acusación". Por este motivo, se solicitó un proceso disciplinario bajo la Ley 24.937 por mal desempeño, argumentando que se habrían excedido las facultades legales al coordinar estrategias con el organismo estatal.

Al referirse a la situación, Dalbón aseguró que "la gravedad institucional de los hechos denunciados no reside únicamente en una eventual irregularidad procesal aislada, sino en la posible afectación de uno de los pilares esenciales del Estado de Derecho: la imparcialidad judicial. Un magistrado de la Nación no puede, bajo ningún concepto, abandonar su rol constitucional de tercero neutral para transformarse -aunque sea informalmente- en un articulador de estrategias acusatorias junto a organismos estatales".

La causa principal investiga una presunta retención de impuestos por 19.300 millones de pesos durante los años 2024 y 2025. En este proceso están involucrados Cristian Malaspina, Víctor Blanco Rodríguez y Gustavo Lorenzo, mientras que los bienes de la entidad sufrieron un embargo de 350 millones de pesos. Recientemente, Amarante rechazó en una resolución de 15 páginas el pedido para apartar a la entidad impositiva como querellante, señalando que el delito se concreta si la deuda no se paga en 30 días.

El denunciante aclaró que su presentación, dirigida a Horacio Rosatti, "no persigue cuestionar el contenido de resoluciones jurisdiccionales revisables por las vías procesales ordinarias", sino que busca "determinar si existieron conductas extraprocesales incompatibles con los deberes de objetividad, neutralidad e independencia que la Constitución Nacional y los tratados internacionales imponen a todo magistrado".

El caso quedó bajo la órbita de la Comisión de Disciplina y Acusación, donde se analizarán pedidos de prueba como los registros de ingresos al juzgado. Dalbón concluyó afirmando que "la sociedad no espera jueces militantes, operadores ni funcionarios comprometidos con intereses sectoriales. Espera magistrados independientes. Cuando la apariencia de imparcialidad se quiebra, el daño excede cualquier expediente y erosiona directamente la confianza pública en la administración de justicia. Por eso corresponde que el Consejo de la Magistratura investigue con máxima profundidad y seriedad los hechos denunciados".