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José Eduardo Mallea, uno de los postulantes para ser Fiscal General de la Corte
José Eduardo Malle es uno de los postulantes que busca ocupar la vacante de Fiscal General de la Corte de Justicia y que deberá pasar el filtro de entrevistas del Consejo de la Magistratura. Es hermano del dirigente fallecido Pedro Mallea, que fue diputado provincial.
Por Marcos Ponce
Ante la vacante en el cargo de Fiscal General de la Corte tras el fallecimiento de Eduardo Quattropani, José Eduardo Mallea emerge como un postulante con una vasta y destacada carrera en el ámbito judicial y académico de la provincia de San Juan. Su trayectoria abarca casi tres décadas en el Poder Judicial, así como una sólida formación y experiencia docente. Es hermano del fallecido Pedro Mallea, dirigente que ocupó cargos políticos de distinta índole, siendo su última incursión la de legislador del bloque peronista hasta el 2018. Además, es el padre de Martín Mallea, exfuncionario peronista durante la gestión de Emilio Baistrocchi en Capital. Mallea tiene una vida en la Justicia, ingresó en 1994 como Agente Fiscal y en 2005 fue nombrado Fiscal de Cámara, cargo que dejó en 2020
Formación académica y desarrollo profesional continuo
Mallea obtuvo su título de Abogado en el año 1986, egresado de la Universidad Católica de Cuyo. Su compromiso con la actualización profesional es evidente a través de su participación como miembro titular, asistente y relator en numerosos congresos, seminarios y conferencias a lo largo de los años. Estos eventos cubren una amplia gama de temas jurídicos, incluyendo Derecho Privado, Proceso Penal Oral y Público, Procedimiento Penal, Derecho Constitucional, Violencia Familiar, Delitos Sexuales, Derecho Procesal Penal, Investigación Fiscal, Prejudicialidad, Crisis con Toma de Rehenes, Derecho Procesal, Derechos de Propiedad Intelectual, y Medicina Legal y Psicología Jurídica.
Además de su práctica profesional, Mallea contribuyó a la formación de nuevas generaciones de abogados como Profesor Titular Efectivo en la Universidad Católica de Cuyo desde 1996 hasta 2013, impartiendo las cátedras de Práctica Procesal Penal y Derecho Civil IV.
Amplia experiencia en el Poder Judicial
La carrera de Mallea en la Justicia de San Juan es extensa y variada. Se desempeñó como Fiscal de Instrucción Penal de Primera Instancia desde el año 1994 hasta el 2005. Posteriormente, ocupó el cargo de Fiscal de Cámara Penal, con competencia civil, comercial y laboral contencioso-administrativo, desde el año 2005 hasta el 2020 en el Poder Judicial de la Provincia de San Juan. En diversas ocasiones, también ejerció como Fiscal General Subrogante.
Su labor se destaca por la participación en casos de gran relevancia pública y jurídica. La "Megacausa de Expropiaciones": Mallea actuó como Fiscal de Cámara Nº 1 en todas sus etapas, concluyendo con la elevación de la causa a juicio oral y público. Las fuentes señalan que este logro fue posible gracias a la sustanciación de un "Jury" contra el Juez del 5º Juzgado Civil, Comercial y Minería, Dr. Carlos Macchi, un proceso que culminó con la destitución del magistrado y fue fundamental para el desarrollo del juicio.
Su actuación como fiscal en el fallo contra Claudio Gil en 2016 fue referenciada a nivel mundial y representó una condena sin precedentes en San Juan por "odio a la orientación sexual". La agravante que se sumaba se basaba en el dato concreto de que es el tercer asesinato que Gil cometía hacia hombres homosexuales.
A lo largo de su carrera, Mallea intervino en numerosos casos que generaron gran repercusión mediática, como la investigación de motines, casos de homicidio y causas de corrupción.
Entre sus escritos jurídicos adjuntos, se destaca un Recurso de Casación interpuesto por la Fiscalía de Cámara Nº 1 en el caso de Homicidio Doblemente Agravado contra Brizuela, Sara Estela, el cual fue acogido por la Excma. Corte de Justicia de San Juan. También emitió dictámenes importantes en competencias Laboral y Civil, abordando temas como la operatividad de la norma constitucional sobre participación en ganancias de trabajadores mineros, la inconstitucionalidad de la Ley 24.557, y conflictos de competencia.
Tomó una postura firme en casos donde se buscaba la suspensión de juicio a prueba (probation) o acuerdos entre víctima y victimario, defendiendo la necesidad de juicio para ciertos delitos y profesiones.
Antes de su extensa labor judicial, José Eduardo también ocupó cargos en el Gobierno de la Provincia de San Juan, desempeñándose como Jefe de Personal, Director Administrativo y Asesor Letrado en el Departamento de Hidráulica.