Fiscalía analiza informes técnicos sobre presuntos caños tóxicos del Acueducto Gran Tulum

La investigación por el Acueducto Gran Tulum sumó un nuevo capítulo tras la difusión de informes que ponen en duda la calidad de los materiales utilizados durante la gestión anterior. En este contexto, la Fiscalía avanza en el análisis de una importante cantidad de documentación recientemente incorporada a la causa, con el objetivo de determinar si existieron irregularidades en la ejecución de la obra. El foco está puesto en los caños instalados, que según versiones oficiales no serían aptos para el transporte de agua potable.

“Se ha incorporado a la causa un volumen significativo de información remitida desde el Ministerio de Infraestructura, la cual está siendo analizada por el equipo fiscal”, señaló en rueda de prensa el fiscal Sebastián Gómez, quien encabeza la investigación. El material incluye archivos digitales y soportes electrónicos que contienen antecedentes técnicos, administrativos y contrataciones vinculadas al acueducto.

El funcionario aclaró que aún no es posible determinar si dentro de ese conjunto se encuentran los informes mencionados públicamente por el Gobierno. “No se puede afirmar en esta instancia si la documentación recibida contiene los elementos a los que se ha hecho referencia en los últimos días”, precisó.

Dudas sobre los materiales utilizados

La controversia se originó a partir de un informe solicitado por Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE), en el que se advertiría que los caños utilizados corresponderían a sistemas de cloacas o desagües y no a conducción de agua potable. Esta situación encendió alarmas por un eventual riesgo sanitario y por posibles irregularidades en la licitación y ejecución de la obra.

“Los elementos que han trascendido en los medios no forman parte aún del expediente judicial, por lo que deberán ser verificados mediante los canales correspondientes”, explicó Gómez. En ese sentido, indicó que cualquier conclusión técnica deberá surgir de pericias específicas. “Para determinar la aptitud o no del material será indispensable contar con estudios periciales que permitan arribar a una conclusión objetiva”, agregó.

Una investigación en etapa inicial

Desde la Fiscalía remarcaron que el expediente se encuentra en una fase preliminar, centrada en la recolección de pruebas. El objetivo es reconstruir el proceso completo de la obra, desde su planificación hasta su ejecución, para identificar posibles irregularidades.

“La investigación se está llevando adelante desde el origen del proyecto, con el fin de establecer si existió un hecho ilícito y, en caso afirmativo, avanzar en la determinación de responsabilidades”, sostuvo el fiscal. Asimismo, evitó brindar detalles sobre posibles delitos o imputaciones. “No es posible en esta etapa adelantar calificaciones legales ni identificar personas involucradas”, indicó.

Posibles medidas y ampliación de pruebas

El avance del caso dependerá del análisis de la documentación y de la incorporación de nuevos elementos probatorios. En ese marco, no se descarta la citación de testigos o exfuncionarios que hayan tenido participación en la obra.

“No se excluye ninguna medida de prueba, pero todas las decisiones se adoptarán en función del desarrollo de la investigación”, afirmó Gómez. También destacó que la información continúa llegando de manera progresiva. “Se sigue recabando documentación de distintos organismos, lo que permitirá completar el panorama necesario para tomar decisiones”, explicó.

Expectativa pública y alcance del caso

El caso ha generado un fuerte impacto público debido a la magnitud de la obra y a las implicancias que podrían derivarse si se comprueba el uso de materiales inadecuados. La causa se inició a partir de una presentación judicial previa, y desde entonces se han librado numerosos pedidos de informes para reunir evidencia.

“Se está obteniendo la información requerida, aunque el volumen es considerable y su análisis demanda tiempo”, señaló el fiscal. Finalmente, remarcó que el proceso avanzará conforme se consoliden las pruebas. “El objetivo es esclarecer los hechos y, en su caso, determinar las responsabilidades que correspondan”, concluyó.