Avanza la causa por fraude a la OSP de San Juan: médicos fueron imputados

La investigación por presuntas maniobras fraudulentas contra la Obra Social Provincia (OSP) dio un paso decisivo en la Justicia de San Juan. Tras una extensa pesquisa preliminar, el fiscal de la Segunda Circunscripción Judicial, Gastón Salvio, solicitó la audiencia de formalización para imputar a los denunciados, lo que abre formalmente la Investigación Penal Preparatoria por presunto fraude a la administración pública, delito que prevé penas de entre dos a seis años de prisión.

“La investigación continúa su curso, pero ya estamos dentro del plazo para tomar una decisión respecto de cómo seguir procesalmente. En el día de la fecha se solicitó la audiencia de formalización para imputar a los denunciados”, confirmó Salvio, al detallar el avance de una causa que involucra a los propietarios de una clínica del departamento Iglesia y a profesionales de la salud que prestaban servicios en ese establecimiento.

El expediente se inició el 27 de marzo del año pasado, cuando el interventor de la OSP, Rodolfo Fasoli, presentó una denuncia penal luego de que una auditoría interna detectara presuntas irregularidades en la facturación de consultas y prácticas médicas. Desde el comienzo, la presentación contó con el asesoramiento de Fiscalía de Estado, organismo que posteriormente se constituyó como querellante en el proceso.

De acuerdo a fuentes judiciales, los imputados serían los propietarios de la Clínica Argentina de Rodeo —el bioquímico Pablo Olivares y Natalia Mateo— y los médicos Carlos Agüero y Eduardo Leanis. Las maniobras bajo análisis incluyen el cobro de prestaciones que los afiliados no habrían solicitado o que, incluso, habrían sido realizadas por profesionales que los pacientes aseguraron no conocer. En varios casos, los damnificados declararon que jamás se atendieron en ese sanatorio, pese a que las prácticas figuraban registradas en sus historiales médicos y en aplicaciones oficiales.

Salvio fue enfático al aclarar el alcance de la instancia procesal que se inicia. “No significa un juicio de probabilidad ni de culpabilidad, sino hacerles saber formalmente que van a ser investigados. Se hace un relato de los hechos y se enumeran los elementos de convicción con los que cuenta el Ministerio Público Fiscal para esta etapa”, explicó.

La causa se tramita en la Unidad Fiscal de Investigación Nº2 del Norte, con competencia en Iglesia y Jáchal, dado que los hechos denunciados se produjeron en esa jurisdicción. Durante la investigación preliminar, la Fiscalía recopiló documentación del expediente administrativo de la OSP, registros de facturación ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP), información del Colegio Médico y testimonios de afiliados que desconocieron firmas y prácticas asentadas a su nombre.

“Es una investigación compleja, con mucha prueba documental por analizar. Hay documentación que todavía falta recolectar y, en algunos casos, entidades que no responden en tiempo y forma. Por una cuestión de plazos procesales se decidió avanzar con la formalización”, sostuvo el fiscal.

En cuanto a la calificación legal, Salvio precisó que se trata de un encuadre provisorio. “Hasta el momento entendemos que el delito encuadra en el artículo 174, inciso 5, del Código Penal, que es defraudación a la administración pública”, indicó. No se descarta que, a medida que avance la investigación, la imputación pueda ampliarse si surgen nuevos elementos, como posibles adulteraciones o falsificaciones documentales.

La Investigación Penal Preparatoria será solicitada por el plazo de un año, con la posibilidad de una prórroga adicional de 180 días. “Eso lo resolverá el juez en función de los fundamentos del Ministerio Público y de lo que plantee la defensa en la audiencia”, explicó Salvio.

Finalmente, el fiscal aclaró que, en el plano penal, la única denuncia formal existente es la presentada por la Obra Social Provincia. “En la Fiscalía, en lo que respecta a la parte penal, solo contamos con la denuncia del interventor de la Obra Social”, concluyó.

Con la audiencia de formalización en puerta, la causa ingresa ahora en una etapa clave que permitirá profundizar la investigación y determinar eventuales responsabilidades en un expediente que vuelve a poner bajo la lupa el manejo de fondos públicos vinculados al sistema de salud provincial.