Investigan a empleadas de Salud por guardarse dinero de la repartición

Se ofrecían a simplificar el trámite para que los profesionales no perdieran el tiempo en el Banco San Juan, les cobraban ellas mismas por la matriculación, truchaban las constancias de pago y se quedaban con el dinero. Esa es la escandalosa maniobra que supuestamente realizaban dos empleadas de Salud Pública que están siendo investigadas internamente y que están a punto de ser denunciadas penalmente por el delito de estafa al Estado. Fuentes calificadas aseguraron que en un solo día se alzaron con casi $5.000 y como no se sabe desde cuándo lo hacen, el monto del perjuicio para el fisco podría ser varias veces millonario.

Las dos empleadas, de las que este diario no pudo saber los nombres, pertenecen al área Regulación y Control de Gestión que funciona en el Centro Cívico, donde, entre otras cosas, se matricula a los profesionales de la salud. Es un lugar de paso obligado para los que se van recibiendo, ya que necesitan sí o sí la habilitación para poder ejercer en la parte privada o el sector público.

Fuentes vinculadas a la investigación contaron que la maniobra se descubrió por sospechas que existían en el mismo sector donde se desempeñan las acusadas. Las autoridades de la cartera que dirige Alejandra Venerando actuaron de inmediato cuando se enteraron, revisaron todos los trámites realizados durante un día y detectaron que cuatro eran irregulares.

Los profesionales de la salud deben ir a Regulación y Control de Gestión para que les generen el cupón de pago por la matrícula, luego tienen que pasar por el Banco San Juan a cancelar los $1.200 del arancel y con el ticket que la entidad bancaria les adosa al cupón, vuelven a la oficina en cuestión y lo presentan como comprobante. Al mismo tiempo, la entidad financiera gira el dinero a las cuenta de rentas generales del Ministerio de Salud.

Según las fuentes, la mecánica que usaban las involucradas era la siguiente: a los profesionales les informaban qué tenían que hacer para conseguir la matrícula y cuando alguno protestaba por tener que ir al banco, le ofrecían que les dejara los $1.200, emitían un nuevo cupón al nombre de ese solicitante, le pegaban un ticket bancario viejo correspondiente a otra persona y lo llenaban de sellos para taparle la fecha. De esta forma, explicaron, hacían creer que el trámite estaba listo y se guardaban la plata.

La forma que presuntamente encontraron para hacerse con el dinero surgió de la investigación interna previa. Los cupones y los tickets tienen uno código de barra y en los casos detectados, afirmaron, no se corresponden entre sí.

Nadie sabe desde cuánto tiempo hace que las dos mujeres en la mira lo hacen. Por ende, no hay estimación del monto que habría dejado de ingresar a las arcas de Salud Pública y que aparentemente quedó en los bolsillos de las involucradas. “Podríamos estar hablando de millones”, aseguraron las fuentes.

Salud prevé abrir un sumario administrativo contra las implicadas. Además, dijeron que hoy mismo harán una denuncia para que un juez Penal investigue el caso y las responsabilidades que les cabrían a cada una.

En principio, el hecho es muy grave y de comprobarse, las empleadas se exponen a ser exoneradas del Estado provincial. Y en sede Penal, explicaron fuentes judiciales, pueden ser imputadas por el delito de fraude contra la administración pública.

Determinar el monto si es importante por una eventual acción civil contra las involucradas. El día de mañana, si hay condena en el fuero Penal, el Estado las podría demandar para que devuelvan la plata que presuntamente se llevaron de manera indebida.

Cifra

4.800

Pesos es lo que se detectó, hasta ahora, que se habrían guardado las empleadas investigadas.

Dato

El delito de estafa a la administración publica prevé una pena de 2 a 6 años de prisión, por lo que en principio es excarcelable.