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Judiciales > Caso resonante

Investigan a Gustavo de la Fuente por trata de personas en videos sexuales

El reconocido abogado penalista Gustavo de la Fuente está siendo investigado por trata de personas con fines de explotación sexual y laboral. Lo acusan de ser socio de una empresa dedicada a la venta de videos sexuales.

04 de julio de 2024

Según fuentes judiciales, el reconocido abogado penalista Gustavo de la Fuente es socio de una empresa que se dedicaba a la venta de videos eróticos y sexuales de mujeres. Las fuentes afirman que de la Fuente gastaba en productos necesarios y recibía dinero, lo que respalda su papel como socio. Sin embargo, la Justicia Federal lo está investigando por presunta trata de personas con fines de explotación sexual y laboral. Esta figura delictiva tiene un castigo de cárcel efectiva, comenzando con un mínimo de ocho años. Por esta razón, el letrado será indagado en los próximos días para determinar si se benefició económicamente de la actividad de terceros y si se aprovechó de la situación de vulnerabilidad de las víctimas.

La investigación está a cargo del fiscal General Francisco Maldonado, quien después de seis meses de recopilar pruebas, solicitó allanamientos, el secuestro de elementos y la detención de los implicados. Estas medidas fueron ordenadas por el juez Leopoldo Rago Gallo. De la Fuente no es el único sospechoso, ya que también fue arrestado un colombiano, cuya identidad no se ha revelado, y quien también tendría un papel clave en la sociedad. Además, hay un pedido de captura contra un venezolano que se desempeñaba como encargado o coordinador de la vivienda donde se realizaban los videos.

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De acuerdo a las fuentes, en los allanamientos se encontraron contratos que establecían que la empresa no podía quedarse con más del 50% de lo que se pagaba por la difusión de los videos o streaming. Sin embargo, los investigadores sospechan que las mujeres no tenían conocimiento de cuánto se cobraba, ya que los socios manejaban todo. Aunque recibían dinero, era una cantidad ínfima, por lo que el porcentaje era menor. Esto vulneraría lo pactado en las condiciones contractuales y configuraría la explotación económica.

Además del consentimiento que pudieron haber dado las víctimas, el tema central es el aprovechamiento de su situación de vulnerabilidad, ya que se cree que las mujeres provenían de condiciones humildes. Durante los allanamientos, se encontraron tres mujeres en la vivienda, y no se descarta que haya más víctimas, ya que la participación de mujeres en las filmaciones variaba. En ese sentido, había una mujer de La Rioja y las demás eran de San Juan.

También se descubrió que el acceso a la página donde se realizaba el streaming o se subían los videos estaba bloqueado para cuentas o computadoras de Argentina, ya que todos los usuarios eran del exterior. La denuncia se realizó a través de la línea gratuita 145 y fue intervenida por la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) del Ministerio Público Fiscal de la Nación.

El caso fue enviado a la Fiscalía a cargo de Maldonado, y el organismo federal continuará colaborando con la Fiscalía local. La imputación contra de la Fuente y el colombiano se basa en el artículo 145 bis del Código Penal, que castiga con prisión de 4 a 8 años a quienes ofrezcan, capten, trasladen, reciban o acojan personas con fines de explotación. La figura se agrava de cinco a 10 años cuando existe una situación de vulnerabilidad, hay tres o más víctimas y participan tres o más personas. Si se logra consumar la explotación de la víctima, las penas van de ocho a 12 años de cárcel.

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