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La Justicia Federal investigará a Global Market por $4.000 millones
El juez Javier Figuerola resolvió que la causa pase al fuero federal por tratarse de operaciones reguladas por normas nacionales.
POR REDACCIÓN
La causa que investiga el presunto desvío de 4.000 millones de pesos pertenecientes a ahorristas de la firma Global Market continuará en la órbita de la Justicia Federal. Así lo resolvió el juez de Garantías Javier Figuerola durante una audiencia realizada este lunes en Tribunales.
La decisión alcanzó a los empresarios Gustavo Omar Ahumada y Miguel Ángel Cañadas, quienes están acusados de presuntas maniobras de estafa y desvío de fondos de inversores. Ambos continuarán en libertad mientras avanza la investigación.
El magistrado entendió que las operaciones analizadas exceden el ámbito provincial, debido a que involucran actividades financieras reguladas por legislación nacional y organismos federales. El planteo había sido realizado previamente por el fiscal de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, Nicolás Alvo.
Según la investigación, Global Market operaba como agente de negociación autorizado por la Comisión Nacional de Valores y manejaba inversiones de clientes con perfiles conservadores, orientados a instrumentos de bajo riesgo.
De acuerdo con la acusación, parte de esos fondos habría sido derivada a GMI Inversiones SA, una empresa minera vinculada a los propios investigados y que se encontraba fuera del control de la CNV. La firma, según expuso la fiscalía, no registraba actividad productiva ni ingresos desde hace varios años.
La maniobra bajo análisis se habría realizado mediante operaciones conocidas como “Pases No Garantizados”, un mecanismo bursátil mediante el cual los clientes recibían títulos de baja liquidez con la promesa de recompra en un plazo determinado. La fiscalía sostiene que, en muchos casos, esas recompras no se concretaban y las inversiones eran renovadas utilizando comunicaciones técnicas de difícil comprensión para los ahorristas.
Uno de los hechos que aceleró la investigación ocurrió cuando la constructora Armegón solicitó el retiro de cerca de 2.000 millones de pesos invertidos y no obtuvo respuesta con fondos disponibles.
La pesquisa también incluye a Rosario Valores SA, firma que intervino como agente de liquidación y custodia de las operaciones realizadas en el Mercado Argentino de Valores.
El fiscal Alvo considera que la empresa debía controlar el destino de los fondos y verificar que las operaciones fueran compatibles con el perfil de riesgo de los clientes. Ahora será la Justicia Federal la encargada de determinar si existieron delitos financieros vinculados al manejo del dinero de los inversores.