La Justicia ordenó levantar el secreto fiscal del hermano de Adorni

El juez federal Sebastián Casanello ordenó levantar el secreto bancario y fiscal de Francisco Jorge Adorni, hermano del jefe de Gabinete Manuel Adorni, en el marco de una investigación por presunto incremento patrimonial no justificado.

La decisión judicial incluye una serie de medidas para reconstruir la evolución económica del funcionario desde 2020 hasta la actualidad. Entre ellas, pedidos de información a organismos públicos y entidades financieras.

El Banco Central deberá requerir a bancos y entidades financieras datos sobre cuentas corrientes, cajas de ahorro, transferencias, depósitos en efectivo, tarjetas de crédito, plazos fijos, cajas de seguridad y operaciones cambiarias.

También se solicitó información a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Oficina Anticorrupción y otros organismos estatales, en el marco de las medidas impulsadas por el fiscal Guillermo Marijuan.

La investigación se originó a partir de una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano, en la que se plantea la hipótesis de un posible incremento patrimonial no justificado durante el período en que Adorni se desempeñó en funciones dentro del Poder Ejecutivo.

Según la presentación, el funcionario habría declarado inicialmente un patrimonio de $43.790.000, incluyendo una vivienda en City Bell y un vehículo. En la última declaración jurada, el monto informado ascendió a $80.500.000.

El fiscal advirtió además sobre operaciones vinculadas a la cancelación de un crédito hipotecario de aproximadamente $60 millones en un plazo de 12 meses, lo que forma parte del análisis de la evolución patrimonial.

El juez también ordenó pedidos de información al Banco Provincia, la UIF, la IGJ, registros de propiedad, automotores y otras entidades, con el objetivo de reconstruir posibles movimientos financieros, societarios e inmobiliarios.

La causa continúa en etapa de recolección de información y análisis de documentación, con medidas que alcanzan también al Ministerio de Defensa y la Oficina Anticorrupción.