La picardía bloquista que enfureció al oficialismo

En la política sanjuanina, como en el ajedrez, muchas veces una jugada revela más que mil discursos. Y eso es lo que parece haber ocurrido en los últimos días con el proyecto de ley sobre proveedores mineros presentado por el Partido Bloquista en la Cámara de Diputados.

La iniciativa no pasó desapercibida por un detalle que rápidamente empezó a comentarse en los pasillos legislativos: según distintas fuentes, el texto es muy parecido —cuando no casi calcado en algunos aspectos— a un proyecto que el oficialismo provincial tenía en carpeta para presentar, pero que finalmente nunca llegó al recinto.

La pregunta entonces surge inevitable: ¿picardía política del bloquismo o lentitud del oficialismo por dejar la puerta abierta?

El contexto no es menor. Todo esto ocurre apenas días después de la feria minera de Canadá, uno de los encuentros más importantes del sector a nivel mundial. Allí, Ron Hochstein ceo del proyecto Vicuña—considerado el desarrollo de cobre más relevante que hoy tiene San Juan— dejó una definición que resonó fuerte: no le gustaría que se generen situaciones que pongan en riesgo las inversiones o que condicionen la contratación de proveedores o mano de obra.

Llamado a la previsibilidad

Ese mensaje se produce en momentos en que la provincia busca consolidarse como uno de los polos mineros más atractivos del país. Y justamente por eso, cualquier señal legislativa vinculada a proveedores locales, contratación o reglas de juego es observada con lupa por el sector.

En paralelo, el gobierno provincial también marcó posición. En El Café de la Política, el secretario general de la Gobernación, Emilio Achem, fue contundente: San Juan gobierna la minería y las empresas que lleguen deberán adaptarse a lo que establezca la provincia.

La frase sintetiza una postura clara: la provincia pretende fijar reglas y asegurar que la actividad genere desarrollo local.

Pero en ese contexto apareció la jugada bloquista. El proyecto presentado propone la creación de un Régimen de Desarrollo Local Minero, con el objetivo de que la actividad genere más trabajo y oportunidades para los sanjuaninos, especialmente en los departamentos donde se desarrollan los proyectos.

La iniciativa fija metas orientativas que apuntan a alcanzar hasta un 80% de empleo local y hasta un 70% de contratación de bienes, obras y servicios con proveedores sanjuaninos. No se trata de cupos obligatorios, sino de objetivos de referencia que buscan orientar la participación local dentro de la actividad minera.

Además, el proyecto propone la creación de un Registro Provincial de Proveedores Mineros, una herramienta pensada para identificar, certificar y fortalecer a las empresas sanjuaninas vinculadas a la cadena de valor minera.

Otro punto central de la iniciativa es el criterio de prioridad territorial para la contratación de trabajadores y proveedores. La lógica sería escalonada: primero el departamento donde se desarrolla el proyecto, luego los departamentos de la zona de influencia, después el resto de la provincia y finalmente otras jurisdicciones del país en caso de no existir oferta local suficiente.

El proyecto también plantea espacios de diálogo entre empresas, proveedores, el gobierno provincial y los municipios, junto con mecanismos de información y seguimiento para mejorar progresivamente la participación de empresas sanjuaninas en la actividad.

En cuanto al cumplimiento, la ley no establece sanciones automáticas por no alcanzar las metas. Reconoce que cada proyecto minero tiene distintas etapas y condiciones técnicas. Sin embargo, sí obliga a las empresas a presentar planes de empleo local y desarrollo de proveedores, además de informes periódicos mediante declaraciones juradas que permitan el seguimiento por parte del Estado.

Las sanciones aparecerían únicamente en casos de incumplimientos injustificados o reiterados de esos planes, o cuando se oculte información o se obstaculicen los controles.

En definitiva, la propuesta busca que la minería no solo atraiga inversiones, sino que también genere más empleo local, más proveedores sanjuaninos y mayor desarrollo para las comunidades donde se desarrollan los proyectos.

Pero ahí aparece nuevamente el dilema político. Si el proyecto presentado por el bloquismo es realmente similar al que el oficialismo tenía preparado, entonces el escenario deja varias lecturas posibles.

La primera: el Bloquismo se adelantó y ocupó un espacio político que el oficialismo dejó vacante. En términos legislativos, una jugada inteligente que obliga ahora al gobierno a definir si acompaña, modifica o directamente impulsa su propia versión.

La segunda: que la iniciativa haya aparecido en un momento delicado, justo después de que desde el mundo minero se pidiera previsibilidad en las reglas de juego.

Y la tercera, quizás la más incómoda para el oficialismo: que la agenda legislativa le haya sido marcada desde afuera.

Sea picardía o torpeza, lo cierto es que el episodio vuelve a poner sobre la mesa una discusión central para el futuro de San Juan: cómo equilibrar la promoción de inversiones mineras con el desarrollo de proveedores locales y empleo sanjuanino.

Porque en minería, como en política, las señales importan. Y mucho.