Los crímenes de la dictadura de Aramburu se resolverán en un juicio oral

Después de haberse dado el Golpe de Estado de 1955, que originó el derrocamiento al por entonces presidente elegido democráticamente Juan Domingo Perón, se instauró una feroz dictadura cívico-militar que se autodenominó “La revolución libertadora” y que llevó a ocupar el poder fue a los militares, Eduardo Lonardi y posteriormente a Pedro Eugenio Aramburu e Isaac Rojas. Exactamente, un año después, en junio de 1956, la dictadura estaba consolidada e impuso con puño de hierro la proscripción, la persecución y el fusilamiento a toda expresión opositora, especialmente, al peronismo.

Aunque en aquel tiempo, hubo movimientos y milicias de resistencia integrada por civiles y militares que tuvieron la intención de recuperar el orden constitucional, fue totalmente sofocada y la mayoría de sus activistas fueron asesinados y torturados en cárceles bajo la figura de presos políticos. 

En junio de aquel año, son conocidos y documentados los asesinatos en los basurales de José León Suárez -hecho que fue narrado por el periodista Rodolfo Walsh en su célebre libro “Operación Masacre”- y también, en Campo de Mayo, en Lanús y en la Penitenciaria de Lanús (actualmente es Plaza Las Heras).

En 2023, los familiares de las víctimas, tuvieron asistencia de la Comisión por la Memoria de San Martín y vienen accionando en tribunales para que tales hechos sean considerados como crímenes de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptibles.

Quien lleva el caso, es la jueza Alicia Vence, que conduce el Juzgado Federal Nro. 2 de San Martín. A través de una resolución reciente, resolvió elevar la causa a lo que se conoce como “Juicio por la verdad” o “Juicio in absentia”, para esclarecer definitivamente los crímenes ocurridos en la madrugada del 9 al 10 de junio de 1956.

En el dictamen, la jueza Vence, definió que “un juicio por la verdad busca una declaración formal de un tribunal que valide los hechos como probados judicialmente, lo cual tiene un peso simbólico y reparatorio diferente para las víctimas y la sociedad en su conjunto. Por lo expuesto, es que habilitaré el paseo a la etapa oral del proceso y para ello solicito a la querella que ofrezca las pruebas e interpongan las recusaciones que estime pertinente (conforme arts. 354, 355 y 406 del CPPN)”.

Todavía resta conocerse la fecha de inicio de la instancia judicial, no obstante, la magistrada fundó su decisión en las declaraciones de gran cantidad de testigos, en particular de los hijos de las víctimas: Daniel Brión, Berta Carranza, Delia Garibotti y Alicia Rodríguez y en la documentación que ellos aportaron.

70 años de crímenes olvidados

Este 9 de junio de 2026, se cumplirán 70 años de los hechos que fueron reconstruidos en su momento por Rodolfo Walsh, doce militantes peronistas fueron secuestrados de un departamento en Hipólito Yrigoyen 4519, Florida Oeste. La guardia policial tuvo retenido al grupo de hombres y posteriormente los fusilaron en el basural. 

Esa noche perdieron la vida Carlitos Lizaso, Mario Brión, Francisco Garibotti, Nicolás Carranza y Vicente Rodríguez, todos ellos eran obreros en distintos rubros. Los cuerpos quedaron allí abandonados por varias horas, hasta que al amanecer otra patrulla policial los encontró y llevó a la morgue.

Todos ellos, junto con otros que lograron salvar su vida, eran militantes peronistas, que esperaban que la radio emitiera la proclama del General Juan José Valle para movilizarse durante la llamada “Resistencia”.

El objetivo del movimiento era lograr el regreso de Perón, derrocado en septiembre del año anterior, y la recuperación de la institucionalidad democrática. En ese entonces, el peronismo estaba proscripto a través del decreto-ley 4.161.

Aunque la dictadura de Aramburu y Rojas, instaló el concepto de fusilamiento, la verdad fue, que terminaron asesinatos por la espalda. Lo cual, implica que los hechos sean considerados como crímenes de Estado.

El pedido de justicia

Aunque el hecho quedó inmortalizado por la obra escrita “Operación Masacre” Walsh, y que constituyó el clásico de la narrativa de no ficción y de periodismo de investigación moderna, se trata de uno de los crímenes más silenciados por la historia oficial argentina.

Actualmente, en José León Suárez, partido de San Martín, donde ocurrieron las masacres, existe en el lugar, un natatorio municipal y enfrente, un club: la Sociedad Alemana de Gimnasia. Entre ambas edificaciones, un monumento los recuerda. 

En 2022, los tribunales federales de Chaco declararon que la Masacre de Napalpí de 1924, fue un crimen de Lesa Humanidad y por lo tanto imprescriptible, la masacre de Napalpí. Frente a esa novedad judicial, una comisión de familiares de fusilados comenzó a trabajar en una demanda, para que la masacre de José León Suárez se considerada con la misma categoría.

Durante 2022 y 2023, la jueza Alicia Vence, titular del TOF 4 inicio la labor de esta causa llamando a indagatoria a los testigos. En 2024, se produjo el hallazgo importante de documentación archivada que le había pertenecido al almirante Rojas, uno de los caudillos de la dictadura, que estaban guardados una finca en La Boca, que era una antigua propiedad del Almirante Guillermo Brown, donde funciona hoy un Museo de la Armada.  

“La información del llamado resultó certera y se recuperaron casi doscientas cajas, la mayor parte no era documentación privada de Rojas sino documentos del Estado que Rojas se había robado”, explicó Laura Lagar, integrante de la Comisión de la Memoria y directora del documental "Hay un fusilado que vive".

Junto a ella, el abogado que patrocina a los familiares, Alberto "Pepe" Palacios, afirma que "ya estamos para el juicio oral, lo único que falta es que el tribunal fije la fecha". Si bien se trata de un juicio “en ausencia”, los acusados tienen derecho a una defensa, que debería correr por cuenta del Ministerio Público Fiscal.