Opinión
Moratoria: de pactos fáusticos y caballos de Troya
El Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley de moratoria impositiva.
Una herramienta sin dudas necesaria y de extrema importancia ante una economía en caída libre.
Sin embargo, el proyecto tiene tres problemas mayúsculos.
Primero, es un remedio aislado e inconexo: debería haber sido parte de un esquema amplio y sincronizado, que comprendiese otras facilidades. Un “hospital de empresas”, en definitiva, que asegurase la supervivencia del sector privado ante el drama de la pandemia, y con ello, la del empleo y el proceso de recuperación futura. A diferencia del mundo, la atención casi exclusiva en la salud nos sigue impidiendo ver el bosque de la economía.
El segundo y el tercer problema se evidencian mirando los detalles. Dicen que es ahí donde el diablo mete la cola.
Las condicionalidades a las que se somete a las empresas que acepten sus términos es tal, que quedarían atadas de pies y manos a la discrecionalidad del Estado.
Las restricciones obedecen a una idea que va tomando fuerza y perfeccionándose: se trata de consumar la estrategia de “aproximación indirecta” (Liddell Hart). Si la vía de la expropiación (Vicentin) enfrenta resistencias sociales y políticas, mejor hacerse del control indirecto de las empresas a través de condicionamientos.
El “step in” del Estado se va perfeccionando de la mano del poder regulatorio potenciado por una crisis cada vez más aguda, resultado de una cuarentena insoportablemente larga.
Así, para acceder a la moratoria se imponen prohibiciones para distribuir dividendos, eternas restricciones de acceso al mercado de cambios y limitaciones para vender títulos valores con liquidación en moneda extranjera. Condiciones como estas llevaron recientemente al sector empresario a renunciar a asistencias estatales. Rechazar la moratoria puede no ser una opción ante la crisis terminal; un pacto fáustico.
La última cuestión es aún más preocupante: buenas ideas aparecen tergiversadas o escondiendo un caballo de Troya con fines espúreos.
De rondón, se incorporan en la moratoria obligaciones vencidas por Impuestos a los Combustibles y a las Apuestas. Quienes recibían los montos abonados de los consumidores de combustibles y apostadores debían ingresarlos a la AFIP sin más trámite, o incurrir en el delito de “apropiación indebida”.
Bajo la benévola generosidad de la norma se disimula la amnistía para los amigos del poder que se hicieron de fondos públicos para sus negocios.
La novedad de que empresas quebradas puedan solicitar moratorias escondería el mismo vicio: compañías en liquidación podrían volver del más allá con una maniobra de resurrección jurídica. Un absurdo legal que desconoce (volver a recordar Vicentin) el orden público de la Ley de Concursos y Quiebras.
Las falencias del proyecto son evidentes aunque todavía pueden ser revisadas. Debe prevalecer el propósito lícito de sostener la actividad económica sin ningún desvío.
Una medida urgente y necesaria, llega aislada, tergiversada y con unas sorpresas para beneficiar a algunos pícaros. La necesidad tiene cara de hereje para la mayoría; para otros, tiene cara de oportunidad y de ventaja.