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Política > Este lunes

Pidieron 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos para Cristina Fernández

El fiscal Diego Luciani finalizó los alegatos del juicio oral que tiene a la vicepresidenta de la nación como protagonista. 

22 de agosto de 2022

En el marco de la causa popularmente llamada "causa Vialidad", el fiscal federal Diego Luciani pidió doce años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos para la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El hecho por lo que se la acusa es de ser jefa de una asociación ilícita y de administrar de manera fraudulenta en perjuicio de la administración pública. El pedido del funcionario de la Justicia se llevó a cabo durante la finalización de los alegatos en el juicio oral por las obras públicas que recibió la empresa de Lázaro Báez, por quien reclamaron la misma cantidad de tiempo de cárcel. Además, imputaron al exministro Julio De Vido y al exsecretario José López. 

La "Causa Vialidad" acusa a Fernández de liderar una asociación ilícita mientras ejercía su cargo como presidenta de la Nación. En este contexto, el fiscal Luciani inculpa a la exmandataria nacional de los delitos de defraudación al Estado en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público. 

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Según dijo Luciani en los alegatos, Fernández redireccionaba contratos millonarios de obras públicas hacia la empresa de Lázaro Báez. La supuesta defraudación al Estado Nacional se cree que fue por $5.321 millones de pesos. Además, se planteó que las licitaciones a través de las cuales estas compañías ganaban la competencia eran "totalmente falsas" gracias a la colaboración de otras que simulaban participar de la licitación. 

Una de las cuestiones centrales que argumentó el fiscal es que Lázaro Báez recibía adelantos sin mostrar avances en sus obras. Conforme indicaron, el empresario recibió más de $1000 millones entre 2005 y 2012. En este marco, la falta de control sobre el trabajo hizo posible que se llevara a cabo toda esta situación.

El fiscal tuvo en cuenta una serie de agravantes para pedir la condena a Cristina Kirchner: la magnitud de los delitos cometidos, su poder de dirección para el resto de los acusados, los medios empleados, la extensión en el tiempo de daños. También que la razón fue el lucro personal buscado.

Por este caso, Luciani pidió doce años de prisión par Fernández de Kirchner y, además, la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. En la causa hay otros doce acusados, entre los que está Báez, por quien se solicitó la misma cantidad de tiempo de prisión. A su vez, el exministro de Planificación, Julio De Vido y el exsecretario de Obras Públicas, José López, en caso de ser declarados culpables, irán durante diez años a la cárcel. 

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La solicitud de Cristina 

El sector kirchnerista justifica que las pruebas que presentó el fiscal Luciani son completamente falsas y que se trata de un lawfare político, es decir, una persecución política por parte de los fiscales. En este contexto, antes de conocer el pedido, Cristina Fernández solicitó hablar durante el juicio. A pesar de esto, el Tribunal le negó el pedido. 

El planteo fue llevado a cabo a través de la cuenta oficial de Twitter de la vicepresidenta, minutos después de que Luciani comenzara sus alegatos, durante la mañana de este lunes. Fernández dijo que "hay nuevas acusaciones" por las que no pudo defenderse. 

"He instruido a mi abogado para que, a los efectos de poder ejercer efectivamente mi derecho a defensa en juicio, solicite la ampliación de mi declaración indagatoria para la audiencia del día de mañana, 23 de agosto", dijo Fernández. 

A pesar de que el artículo 380 del Código Penal respalda el pedido y dice que “en el curso del debate, el imputado podrá efectuar todas las declaraciones que considere oportunas, siempre que se refieran a su defensa", en la tarde de este martes, el tribunal denegó la solicitud de Fernández. 

"Si algo faltaba para confirmar que no estoy ante un tribunal de la Constitución, sino ante un pelotón de fusilamiento mediático-judicial, es impedirme el ejercicio del derecho de defensa ante cuestiones que nunca figuraron en el acto de acusación del fiscal al que asistí durante 5 días en mayo de 2019", expresó Cristina al respecto. 

 

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