Política > Fallo histórico
Protocolo antipiquetes: manifestantes fueron condenados por incidentes
El Juzgado de Buenos Aires condenó a cuatro manifestantes y absolvió a un quinto tras el debate por incidentes ocurridos durante la discusión de la Ley Bases.
POR REDACCIÓN
El lunes, el Juzgado N° 28 en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires dictó las primeras condenas a manifestantes detenidos mediante el protocolo antipiquetes. La jueza María Julia Correa declaró culpables a cuatro hombres por los hechos ocurridos la noche del 2 de febrero de 2024, mientras se debatía la Ley Bases en el Congreso.
Los condenados son Astor Valentín Galán Vizgarra, Pedro Esquivel, Juan Carlos Denuble y Nelson Joaquín Arrúa, quienes recibieron seis meses de prisión en suspenso por los delitos de resistencia y atentado a la autoridad. Debido al monto de la pena, no volverán a ser detenidos. Un quinto imputado fue absuelto luego de que la Fiscalía retirara la acusación durante el debate. Los fundamentos de la condena se conocerán el 25 de marzo.
La investigación estuvo a cargo del fiscal Tomás Vacarezza, mientras que la acusación en el juicio fue asumida por Alejandro Miguel Gargano. Según la hipótesis del Ministerio Público, los acusados participaron de los incidentes en inmediaciones de la Plaza del Congreso durante un festival organizado por la agrupación “Unidos por la Cultura”. Las fuerzas de seguridad detuvieron a 14 personas, incluidos los condenados, tras un operativo de dispersión de la concentración.
Durante el juicio, testigos de la Policía Federal Argentina declararon que los condenados arrojaron piedras u objetos contundentes contra los uniformados. La audiencia se desarrolló bajo estricta reserva: solo pudieron presenciarla la madre del más joven de los acusados y un abogado de la Asociación Americana de Juristas. Familiares, organismos de derechos humanos y el público general no fueron autorizados a ingresar.
Las defensas, representadas por los abogados Alexis Penella, Marcela Dal Santo y Martín Alderete, anunciaron que apelarán el fallo, argumentando escasez de pruebas y contradicciones en las declaraciones policiales. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que actuó como amicus curiae, solicitó el sobreseimiento de los acusados y calificó la causa como un proceso de criminalización de la prote