Trabajadores riojanos salen a la calle por el futuro del proyecto Vicuña

La situación del proyecto minero Vicuña sumó en las últimas horas un nuevo elemento de tensión con movilizaciones en La Rioja, especialmente en la localidad de Guandacol, donde trabajadores y vecinos expresaron su preocupación por el impacto directo que podría tener el freno judicial sobre el empleo y la economía regional.

La protesta se da en un contexto de incertidumbre generado por la resolución de la Cámara en lo Civil, Comercial y de Minas de Chilecito, que ordenó la suspensión por 30 días de actividades vinculadas al proyecto en territorio riojano, en tanto no se presente el estudio de impacto ambiental correspondiente. La medida, aunque aún no fue notificada formalmente a la empresa, ya tiene efectos concretos en la dinámica social de las zonas vinculadas al corredor logístico.

Movilización y preocupación por el empleo

En Guandacol, epicentro del reclamo, vecinos se reunieron en asamblea y resolvieron visibilizar la situación a través de protestas y acciones organizadas. El eje del planteo no es ambiental, sino laboral. “Nuestra acción no cuestiona la medida ambiental: exigimos que la Provincia se haga cargo de las consecuencias que hoy recaen sobre los trabajadores y la comunidad”, expresaron en un documento consensuado.

El impacto es significativo. Se estima que unas 140 personas están directamente vinculadas al proyecto, mientras que el número se amplía a cerca de 400 si se consideran actividades indirectas como comercio, hotelería y servicios. En una economía local golpeada por la caída de la vitivinicultura y el retroceso del turismo, la actividad minera aparece como una de las pocas fuentes de ingreso sostenidas.

Un reclamo dirigido al gobierno provincial

La movilización también tuvo un fuerte componente institucional. Los manifestantes exigieron respuestas al gobierno de La Rioja y reclamaron la apertura de canales de diálogo que permitan dar previsibilidad a la situación. Además, advirtieron que, en caso de perder sus fuentes laborales, el Estado provincial debería asumir responsabilidades.

En paralelo, el intendente de Villa Unión, Hugo Páez, participó de las reuniones y recogió las demandas de los trabajadores. Según relató, uno de los puntos más sensibles del reclamo plantea que, si la actividad se detiene, “se haga cargo el gobierno de la provincia”, reflejando el nivel de preocupación social que atraviesa la región.

El trasfondo del conflicto

Las movilizaciones se producen mientras persiste un escenario confuso desde el punto de vista administrativo y judicial. Desde la empresa Vicuña aseguran que no han sido notificados del fallo y que continúan operando con normalidad en San Juan. Al mismo tiempo, denuncian que existen demoras en la aprobación de estudios ambientales presentados en La Rioja, lo que impide avanzar con obras e inversiones que podrían generar empleo local.

Así, el conflicto combina reclamos sociales urgentes con disputas legales y administrativas entre provincias. En el medio, comunidades como Guandacol quedan expuestas a la falta de definiciones, con la movilización como principal herramienta para exigir certezas.

Un escenario abierto

Por ahora, no hay una resolución concreta a la vista. La posibilidad de que la empresa presente la documentación requerida podría destrabar el conflicto en el corto plazo, aunque también persisten diferencias sobre la competencia jurisdiccional. Mientras tanto, en La Rioja la preocupación ya se trasladó a las calles, donde el reclamo por el trabajo se convirtió en el eje central de la protesta.