País > Más motosierra estatal
Un área clave para la medición y el control en el INTI en peligro de cierre
El gobierno nacional ordenó el cierre de un sector clave en el organismo técnico. Los trabajadores convocan a un abrazo en su defensa y evitar la eliminación del área.
POR REDACCIÓN
Trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) denuncian que el Gobierno Nacional, ordenó -a partir del 31 de enero- el cierre de la Dirección de Metrología Legal y el Organismo de Certificación del organismo.
En estas áreas que van a desguazar se desempeñan más de 150 técnicos y profesionales encargados de realizar la verificación y certificación de los instrumentos de medición a nivel federal.
Como consecuencia de ello, se verán afectados los surtidores de combustible, las balanzas ubicadas en comercios y puertos, los radares con los que se realizan las fotomultas por exceso de velocidad y los etilómetros con los que se mide la concentración de alcohol en sangre a conductores.
Además, el Instituto también incluía -entre sus verificaciones- los medidores de agua potable y de energía eléctrica, los termómetros clínicos y los taxímetros. “La población ya no tendrá seguridad sobre lo que consume”, sostuvieron varias voces internas del organismo.
Los trabajadores argumentan que las consecuencias de estas medidas pueden repercutir en la seguridad de la población. Pero como trasfondo, los trabajadores explicaron que con esta resolución, el gobierno hará una trasferencia del control de los instrumentos de medición a laboratorios y organismos privados.
Los especialistas señalan que esta medida es la “estocada final” en un derrotero de quita de funciones al Instituto. En 2024 el gobierno de Javier Milei publicó la Resolución 276 para que los certificados de los instrumentos ya no los haga el INTI sino únicamente dos empresas privadas, volviendo al circuito más burocrático, costoso y concentrado.
Vale mencionar que antes de estas medidas, verificar un alcoholímetro en el INTI le costaba a un municipio $140.000 y a partir de ahora le saldrá $1.200.000 para verificar cada instrumento en un laboratorio privado. En este contexto, los profesionales del instituto advierten que existen potenciales riesgos en la seguridad civil, ya que los gobiernos municipales podrían dejar de hacer dichos controles al no poder costearlos.
Los trabajadores nucleados en la “Multisectorial del INTI” también denuncian que lo que persigue el gobierno nacional es una "privatización de los servicios” y que elimina la figura de imparcialidad que representa el Instituto en sus mediciones, además de que muchas pequeñas y medianas empresas que fabrican instrumentos de medición no podrán acceder a las verificaciones debido la escasa presencia territorial de los laboratorios privados a lo largo y ancho del territorio nacional.
Debido a esta situación provocada por la Resolución 213 publicada en el Boletín Oficial en diciembre pasado, la multisectorial convoca a una movilización y un “Abrazo colectivo” el próximo miércoles 28 de enero por la mañana en la sede central del INTI en CABA.