Un hombre en Bariloche no podrá salir del país ni manejar por deber la cuota alimentaria

La Justicia de San Carlos de Bariloche resolvió imponer severas restricciones a un hombre que mantiene una deuda alimentaria superior a los siete millones de pesos: no podrá salir del país ni conducir hasta regularizar su situación.

La decisión fue tomada por una Unidad Procesal de Familia, que ordenó la prohibición de egreso del territorio nacional y la retención de la licencia de conducir como parte de un conjunto de medidas destinadas a garantizar el cumplimiento de sus obligaciones parentales.

Pero el fallo fue más allá. En una línea cada vez más utilizada por la Justicia, se dispuso investigar las billeteras virtuales del deudor. Para ello, se enviaron oficios a plataformas como Mercado Pago, Ualá y Naranja X con el objetivo de identificar cuentas, saldos y posibles fondos embargables.

En la misma resolución, la jueza interviniente advirtió a la empleadora del hombre por no haber respondido a los requerimientos judiciales vinculados a retenciones salariales. Ante esa falta de información, se reiteró el pedido con un plazo de cinco días y se fijó una multa diaria en caso de incumplimiento.

La causa se originó en una sentencia monitoria por una deuda que se acumuló con el tiempo sin que el demandado cumpliera con los pagos. Frente a esa situación, la madre de los hijos reclamó medidas efectivas que permitieran avanzar en la ejecución del crédito alimentario.

Además, el expediente reveló dificultades para aplicar otras medidas, justamente por la falta de respuesta de la empresa empleadora, lo que impidió conocer con precisión los descuentos ya aplicados o la existencia de otros embargos.

Como parte de las acciones complementarias, la Justicia también solicitó informes al Registro Público de Juicios Universales para determinar si el hombre participa en procesos sucesorios. En caso afirmativo, se podría avanzar sobre eventuales derechos hereditarios para cubrir la deuda.

Todas estas decisiones se enmarcan en las facultades de los jueces de familia para garantizar el cumplimiento de las cuotas alimentarias, utilizando herramientas cada vez más amplias para asegurar que las resoluciones judiciales se traduzcan en resultados concretos.