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Con Orrego incluido, se reúne la Mesa del Cobre por la Ley de Glaciares
Los mandatarios, entre los que se encuentra Marcelo Orrego, buscan destrabar el freno que frena inversiones mineras.
Por Marcos Ponce
Los gobernadores de las provincias mineras volverán a sentarse en una misma mesa para unificar criterios frente a un tema que desde hace años condiciona el avance de proyectos estratégicos: la Ley de Glaciares. Con la Casa Rosada dispuesta a revisar la normativa, los mandatarios buscan llegar con una postura consensuada para impulsar modificaciones que permitan reactivar inversiones frenadas en la cordillera.
El encuentro fue confirmado por el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, quien participará en representación de una de las jurisdicciones más afectadas por las restricciones actuales. La convocatoria reúne a los mandatarios de la denominada Mesa del Cobre —San Juan, Catamarca, Salta, Jujuy y Santa Cruz—, provincias que sostienen que la ley, tal como está redactada, limita el desarrollo de uno de los sectores con mayor potencial exportador del país.
Uno de los puntos centrales que pretenden revisar es la definición de “ambiente periglaciar”. Los gobernadores y las empresas del rubro coinciden en que el concepto quedó demasiado amplio en la normativa vigente, lo que generó la paralización de iniciativas claves en cobre y litio, dos minerales que hoy sostienen parte de la transición energética a nivel global. La protección de glaciares no está en debate, remarcan, sino la interpretación de las áreas que realmente cumplen esa función y las que podrían habilitarse con criterios técnicos más precisos.
Las provincias sostienen además que, por tratarse de recursos que forman parte de su dominio originario, debieran ser ellas mismas quienes definan las zonas de protección y los límites de intervención. Esa demanda de mayor autonomía regulatoria, que ya se había planteado en gestiones anteriores, encontró un clima favorable en el Gobierno nacional. La administración central ve en un eventual cambio de la Ley de Glaciares la posibilidad de alcanzar dos objetivos: destrabar inversiones millonarias —especialmente en la cordillera— y consolidar el respaldo político de los gobernadores en futuras discusiones legislativas.
En este escenario, la postura del presidente también juega un rol determinante. El mandatario nacional expresó públicamente su apoyo a que sean las provincias las que identifiquen sus territorios periglaciares, replicando un esquema de “autoridad local de aplicación” que permitiría adaptar la regulación a la realidad geográfica de cada distrito. Con esa perspectiva, se espera que el Gobierno presente un proyecto modificatorio en el inicio del próximo período de sesiones ordinarias.
La reunión de los gobernadores será clave para definir hasta dónde llegará el reclamo conjunto y qué herramientas solicitarán de manera inmediata. En San Juan, provincia con varios proyectos de cobre estancados, Orrego ya anticipó que insistirá en un criterio más claro y operativo para delimitar áreas protegidas. En la Mesa del Cobre consideran que sin estos cambios el país continuará dejando pasar oportunidades estratégicas en un mercado global que demanda cada vez más minerales críticos.
Mientras la discusión avanza, la presión política se intensifica: las provincias buscan que la reforma no solo llegue al Congreso, sino que logre el respaldo necesario para convertirse en ley y dar inicio a una nueva etapa para la minería argentina.