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Desvío de fondos en la Policía: un sargento y una oficial apelaron la sentencia
Una cabo decidió no apelar, mientras que una comerciante llegó a un acuerdo de juicio abreviado.
Por Germán González
Hasta Tribunales llegaron dos policías condenados por el desvío de fondos en la fuerza. Se presentaron con sus respectivos abogados, en la llamada audiencia de impugnación, y apelaron el fallo ante la jueza Ana Lía Larrea. Tras escuchar los argumentos de los defensores, del fiscal y de la querella, la magistrada comunicó que resolverá dentro de 30 días.
El sargento Roberto Carlos Gaitán y la oficial María Cecilia Cortéz son los dos efectivos que impugnaron la sentencia. Ambos fueron condenados, en octubre de 2022, a la pena de dos años y seis meses de prisión en suspenso e inhabilitación absoluta perpetua por resultar responsables del delito de peculado. Este es el delito de defraudación y estafa a la administración pública.
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Ambos cumplían roles en la Tesorería de la Policía de San Juan y trabajaban con el exjefe del área, el principal Oscar Vanetti, que se encargaba de sacar la plata de las cuentas bancarias de la fuerza con transferencias ilegales, que iban depositadas a las cuentas de los demás acusados.
Gaitán y Cortéz cayeron en una segunda investigación de la estafa millonaria. Junto a ellos también cayeron la cabo Evangelina Marcela Porras y la civil Romina Tejada. La primera recibió condena, pero este miércoles no se presentó a la impugnación, mientras que la otra mujer llegó a un cuerdo de juicio abreviado, aceptando la culpa y recibiendo una condena de dos años de prisión condicional.
Los efectivos que se presentaron este miércoles en la Justicia no aceptaron la pena y junto con los abogados Gustavo Sánchez y Maximiliano Páez Delgado presentaron el recurso de revocación. En diálogo con DIARIO HUARPE, Sánchez argumentó que la sentencia no estuvo bien implementada porque en ningún momento existió el delito. “El juez no tomó la declaración del contador, que dijo que estuvo revisando las cuentas y no encontró ninguna anomalía”. “No existe la forma de determinar si hubo faltante de dinero”, agregó.
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Por otra parte, el defensor particular señaló que el magistrado no le permitió introducir una pericia contable como prueba y que no se tuvo en cuenta la clase de persona que era su defendido (representó a Gaitán), una hombre grande que trabajó toda su vida y no tuvo problemas con nadie.
Finalmente, el abogado expresó su descontento con la investigación del caso. “Esto debió ser investigado por una fuerza diferente a la Policía de San Juan. Una fuerza no se puede investigar, tiene que intervenir la Policía Federal o Aeroportuaria”, cerró. En 30 días, el letrado sabrá si le dieron la razón.