El Gobierno nacional intentará derogar la ley de Etiquetado Frontal

El Poder Ejecutivo nacional dio un paso concreto hacia la eliminación de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable (N° 27.642), conocida popularmente como la ley de etiquetado frontal, al enviar un proyecto al Senado que propone su derogación completa. La iniciativa, que lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Salud Mario Lugones, busca desarticular un sistema que se consolidó con amplio apoyo legislativo años atrás.

Sin embargo, la recepción en la Cámara alta no fue la esperada por Balcarce 50. Legisladores del sector opositor dialoguista ya han dejado trascender que no existe, por el momento, una urgencia para tratar la medida. "No hay apuro de nuestro lado. Además, queremos ver los estudios que justifiquen esto. En el mensaje no veo tanta evidencia", confiaron desde una de las bancadas aliadas. Otros legisladores fueron más allá, advirtiendo que existen iniciativas pendientes con mayor peso político, como la reforma política, y cuestionando que borrar la norma por completo "parece mucho" ante una sociedad que ya se acostumbró a la presencia de los octógonos negros.

Los argumentos del Gobierno

En los fundamentos del proyecto, la Casa Rosada sostiene que el sistema actual presenta una "estructura binaria" que dificulta la diferenciación entre alimentos con perfiles nutricionales distintos, impidiendo que el consumidor aprecie mejoras parciales en la composición de los productos. Asimismo, argumentan que las restricciones en publicidad y uso de elementos gráficos afectan "actividades económicas lícitas" y estrategias comerciales.

Un punto central de la propuesta se enfoca en las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs). El texto oficial advierte que las exigencias de rediseño de envases y adecuación de líneas productivas imponen costos fijos desproporcionados, lo que podría incentivar la concentración del mercado en favor de los grandes operadores. "El proyecto procura reducir sobrecostos e ineficiencias, promoviendo un entorno más competitivo", señala el documento oficial.

Mientras se aguarda el giro a comisiones en el Senado, la iniciativa promete generar un intenso debate parlamentario, donde el Gobierno deberá convencer a sus aliados de la necesidad técnica y económica de prescindir de una herramienta que fue diseñada, en su origen, como una política pública de salud prioritaria.