Provinciales > El viernes será la audiencia
Escándalo Branka Motors: 163 denuncias y una multa millonaria que podrían aplicar
Defensa al Consumidor informó que recibieron 163 denuncias contra Branka Motors. De cuánto es la potencial multa que podrían aplicar si la firma no acude a la audiencia de conciliación.
POR REDACCIÓN
El conflicto desatado por el escándalo de la empresa Branka Motors, suma un nuevo episodio. Las personas damnificadas siguen presentando denuncias ante la oficina de Defensa al Consumidor de San Juan. La titular del organismo público, Fabiana Carrizo, declaró a DIARIO HUARPE que hasta el momento “hemos recibido unas 163 denuncias formales sobre este caso por parte de los consumidores. Por lo que establecimos una audiencia conciliatoria para este viernes 30 de enero a las 10 de la mañana. Esperemos que se presenten los dueños de la empresa o envíen a un representante legal”.
La situación, relató Carrizo, es que la gente “quedó vulnerada de sus derechos, por las entregas pactadas y en algunos casos no se les ha entregado la documentación del vehículo que fue adquirido. En otros casos, se entregó dinero, pero no recibieron a cambio la unidad”. El problema es que si la audiencia fracasa, al no asistir la parte demandada, Defensa del Consumidor aplicará lo que dicta la ley e intimará a la firma comercial a pagar una multa. Además, el expediente servirá como antecedente para ser presentado al estrado judicial correspondiente.
Según explicó la funcionaria, la única herramienta efectiva que tiene la defensoría para proteger el interés de los perjudicados por la estafa es la aplicación de la multa máxima en estos casos donde se procede en el plano administrativo.
“Estamos haciendo los procedimientos los más rápidos posibles como indica la ley. Esto ya es una causa colectiva, porque en el expediente se hace un sumario de todas las denuncias particulares. Si la empresa no se presenta, nos veremos aplicar la multa máxima, que consiste en unas 2.000 canastas básicas”, dijo Carrizo.
Por otro lado, la funcionaria advirtió que “la única manera de revertir toda esta situación, es que la concesionaria cumpla con la gente, tanto en las entregas pactadas de motos y en la entrega de documentación, porque los usuarios no pudieron todavía patentar sus vehículos”.
Además, cada consumidor, podrá llevar su caso particular en el plano judicial, con un proceso mucho más extenso y complejo, en forma paralela.
La audiencia está prevista en el cuarto piso de la sede de Defensa al Consumidor.
Tras los hechos que precipitaron al conflicto, la empresa solo emitió un comunicado breve por su cuenta de Facebook.
“Entendemos la preocupación y queremos llevar tranquilidad. La empresa está presente, ordenando cada situación y trabajando para abordar los casos uno por uno de forma responsable. Las operaciones se encuentran pausadas para poder avanzar por las vías formales. Agradecemos la comprensión y solicitamos calma”, publicó hace unos días.
Entre los denunciantes, existe el temor ante una eventual quiebra de la firma, lo que podría dificultar la recuperación del dinero invertido.
Si bien la investigación del caso se desarrolla en el ámbito judicial, la empresa aseguró que mantiene presencia y que se encuentra trabajando para regularizar la situación. Sin embargo, desde la concesionaria, se admitió que las operaciones comerciales están suspendidas.
¿De cuánto sería la multa?
En San Juan, al igual que en el resto del país, el régimen de sanciones y compensaciones por incumplimiento contractual se rige por la Ley Nacional de Defensa al Consumidor (N.º 24.240), a la cual la provincia adhiere y aplica a través de la Dirección de Defensa al Consumidor.
Es importante distinguir entre la multa que la empresa le paga al Estado y el daño directo que es lo que la empresa debe pagarle al usuario o consumidor como compensación.
Si el perjuicio es inmediato en el patrimonio del usuario (el pago de un servicio o compra de producto roto o en condiciones defectuosas), el organismo público puede ordenar a la empresa el pago de una multa de hasta 15 Canastas Básicas Totales (Hogar 2, según INDEC), que al día de hoy rondaría unos $20 millones, como indemnización al consumidor de manera directa.
Si la empresa viola la ley de forma reiterada, el Estado puede aplicar la penalidad máxima según la gravedad y el tipo de perjuicio. En el caso de la concesionaria, por incumplimiento contractual, la multa puede llegar hasta 2.100 Canastas Básicas Totales, que rondaría unos
$2.800.000.000. Entre esos márgenes rondaría una potencial multa.