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Escándalo en San Luis: se culpan por las intoxicaciones y crecen las denuncias por corrupción en el PANE
La subdirectora del PANE declaró ante la Justicia que Bromatología, bajo responsabilidad de la gestión de Gastón Hissa, nunca controló a los proveedores. Apuntan también a una presunta asociación ilícita vinculada a funcionarios cercanos al gobernador Poggi.
POR REDACCIÓN
La causa judicial por las intoxicaciones masivas en escuelas públicas de San Luis sumó esta semana nuevas revelaciones que agudizan la crisis institucional. La subdirectora del Programa Alimentario Nutricional Escolar (PANE), María Eugenia Buteler, declaró ante la Justicia que la responsabilidad del control de los alimentos recaía en Bromatología de la Municipalidad, encabezada por el intendente Gastón Hissa, y aseguró que los controles “nunca se hicieron correctamente”.
El caso, que involucra a las escuelas La Rioja y Pancha Hernández, provocó alarma luego de que decenas de chicos presentaran síntomas como vómitos, diarrea y malestar general tras consumir las viandas escolares. Padres y docentes denunciaron que habían elevado quejas previas, sin obtener respuestas oficiales.
La declaración de Buteler dejó expuesta la falta de protocolos y coordinación entre las autoridades provinciales y municipales. "No había un protocolo específico. El control de las cocinas y los proveedores correspondía a Bromatología, pero nunca se hicieron correctamente", sostuvo ante la Justicia, según informó el portal El Mosquito Puntano.
A pesar de la gravedad de la situación, tanto la Municipalidad como el Concejo Deliberante capitalino aún no se presentaron ante la Justicia. Desde el justicialismo advierten que el oficialismo bloqueó durante más de un año un pedido de informes sobre la calidad de la comida escolar, lo que ahora podría traducirse en responsabilidad política y legal.
Una cocina bajo sospecha
El caso escaló aún más cuando se descubrió una cocina ubicada en la esquina de San Juan y Esteban Adaro, en la ciudad de San Luis, desde donde se preparaban viandas para el PANE. La propiedad pertenece al ministro de Desarrollo Productivo, Federico Trombotto, uno de los funcionarios más cercanos al gobernador Claudio Poggi.
Vecinos de los barrios Pueblo Nuevo y Nacional Evita identificaron como responsable visible de la cocina a César Oliva, presunto operador del programa alimentario y mano derecha de Trombotto. Este hallazgo disparó nuevas denuncias judiciales por el posible armado de una red de contrataciones irregulares para favorecer a funcionarios del propio Gobierno provincial.
Investigación por asociación ilícita
Diputados provinciales del bloque justicialista –Sonia Delarco, Federico Berardo y Silvia Sosa Araujo– presentaron una denuncia ante la Unidad de Abordaje Fiscal por presunta asociación ilícita, fraude en contrataciones públicas y enriquecimiento ilícito.
En su presentación, apuntaron contra funcionarios de alto rango como Víctor Daniel Boiero (Director de Fiscalización y presidente de Sol Puntano), Eugenia Gallardo (Secretaria de Estado del PANE), Guillermo Araujo (Ministro de Educación), Ricardo Bazla (Secretario de Ética Pública), además del propio Trombotto.
Según detallaron, el programa PANE maneja un presupuesto de 30 mil millones de pesos, y la falta de transparencia en las contrataciones despierta sospechas cada vez más fundadas de corrupción estructural.
Mientras la Justicia avanza y se multiplican las denuncias, la salud de cientos de estudiantes continúa siendo el eje de una crisis que combina negligencia sanitaria, inacción institucional y posibles delitos penales con ramificaciones políticas en los más altos niveles del poder puntano.