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Juicio por YPF: Argentina acusó a los fondos de presionar con el desacato
La Procuración del Tesoro sostuvo que la Argentina cumplió con el proceso de discovery y calificó el planteo del fondo Burford Capital como una maniobra para presionar al país.
POR REDACCIÓN
El Estado argentino respondió al pedido de desacato presentado por el fondo buitre Burford Capital en el marco del juicio por la estatización de YPF y denunció que se trata de una nueva escalada de “hostigamiento procesal”. Desde la Procuración del Tesoro de la Nación aseguraron que el planteo busca “poner arena en los engranajes de la recuperación económica de la Argentina” y confirmaron que será contestado conforme al cronograma judicial vigente, con un descargo previsto para el próximo 19 de febrero.
La respuesta oficial remarcó que la Argentina cumplió “plena y ampliamente” con el proceso de discovery, a través del cual el país debe entregar documentación y comunicaciones oficiales requeridas por la Justicia estadounidense. Según precisó la defensa, durante ese procedimiento se aportaron más de 113.000 páginas de documentos y se brindó testimonio de diversos funcionarios del Gobierno argentino.
El pedido de desacato fue presentado el jueves pasado ante la jueza Loretta Preska por los abogados de Petersen y Eton Park, con respaldo financiero de Burford Capital. En esa presentación, los demandantes acusaron al Estado argentino de incumplir órdenes judiciales vinculadas a la entrega de correos electrónicos y otras comunicaciones de funcionarios y exfuncionarios.
Frente a esa acusación, la Procuración del Tesoro fue contundente y apuntó directamente contra el fondo litigante. “La moción constituye el intento más reciente del financiador de litigios Burford Capital de hostigar a la República mediante solicitudes de discovery intrusivas y desproporcionadas”, señalaron, y recordaron que el propio CEO del fondo habría admitido ante inversores que su estrategia apunta a entorpecer la recuperación económica del país.
Además, el Gobierno sostuvo que la ofensiva judicial debe analizarse en el contexto de los avances recientes obtenidos por la Argentina en la causa, que habrían debilitado la posición procesal de Burford. Entre ellos, destacaron la audiencia de apelación de la sentencia que condenó al país a pagar alrededor de 16.000 millones de dólares, el stay otorgado por la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito sobre la orden de entrega de las acciones de YPF, el respaldo explícito de Estados Unidos, Israel y más de una decena de países, y el rechazo al reconocimiento de la sentencia en la justicia de Irlanda.
Pese al cruce con los demandantes, desde la Procuración del Tesoro ratificaron que la Argentina continuará cumpliendo con el proceso de discovery y responderá el planteo de desacato en los plazos fijados por el tribunal.
El pedido de desacato forma parte de una estrategia más amplia de presión judicial por parte de Petersen y Eton Park, quienes sostienen que el Estado argentino no entregó toda la documentación requerida. Según advirtieron, de prosperar su reclamo podrían solicitar sanciones, multas o presunciones adversas contra el país.
La ofensiva se enmarca en el fallo de primera instancia dictado en 2023 por la jueza Preska, que condenó a la Argentina a pagar US$16.100 millones más intereses por la expropiación de YPF. El Gobierno considera que esa sentencia es errónea y mantiene como eje central de su defensa la apelación aún en curso.
En paralelo, los demandantes también insisten en avanzar sobre una línea más agresiva: buscan demostrar que organismos como el Banco Central, el Banco Nación o Aerolíneas Argentinas actúan como alter ego del Estado. De prosperar esa tesis, podría abrirse la puerta a eventuales embargos sobre activos de esas entidades, una posibilidad que el Gobierno rechaza de manera enfática y denuncia como parte de un intento de hostigamiento contra un Estado soberano.