La Corte Suprema podría intervenir en la disputa por la ley del financiamiento universitario

La Cámara Contencioso Administrativo Federal le dio un nuevo respaldo judicial al Gobierno nacional al habilitar que el conflicto por el financiamiento universitario llegue de forma directa a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La Sala III concedió el recurso extraordinario presentado por el Estado contra la cautelar que lo obliga a cumplir de inmediato con artículos centrales de la Ley de Financiamiento Universitario, vinculados a salarios docentes, no docentes y actualización de becas. La decisión no revierte la medida vigente, pero abre la puerta para que el máximo tribunal intervenga.

El fallo fue firmado por los jueces Sergio Gustavo Fernández y José Luis López Castiñeira, quienes consideraron que el planteo del Ejecutivo involucra la interpretación de normas federales, lo que justifica la instancia extraordinaria.

En la resolución, los magistrados señalaron que, aunque la decisión apelada no es una sentencia definitiva, correspondía habilitar el recurso. Además, remarcaron que el caso plantea cuestiones vinculadas a distintas leyes nacionales que el Gobierno considera afectadas.

El conflicto se centra en la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, cuya implementación el Ejecutivo cuestiona desde que la vetó parcialmente en 2025 y luego volvió a objetar tras su ratificación por el Congreso. Desde la Casa Rosada sostienen que la norma no define con precisión las fuentes de financiamiento ni las partidas presupuestarias.

Ese argumento ya había sido rechazado por la misma Cámara el 31 de marzo, cuando confirmó la cautelar que obliga al Estado a cumplir con los artículos referidos a salarios y becas. En ese momento, el tribunal entendió que el Gobierno no podía dejar de aplicar una ley vigente.

Pese a ese revés, el Ejecutivo insistió y elevó el caso mediante un recurso extraordinario. En paralelo, argumenta que la implementación debe ajustarse a la disponibilidad presupuestaria para no comprometer el equilibrio fiscal.

En el nuevo fallo, la Cámara también rechazó el planteo oficial de “gravedad institucional” y afirmó que la intervención de la Corte no busca reparar un interés institucional, sino un “interés patrimonial de carácter individual”. Además, sostuvo que el Estado no demostró la afectación concreta de un derecho federal.

De esta manera, la causa queda ahora en manos de la Corte Suprema, que deberá definir si toma el caso y qué alcance le da al reclamo del Gobierno, en una disputa que combina tensiones políticas, presupuestarias y educativas.

Mientras tanto, el Ejecutivo avanza en negociaciones para impulsar una nueva ley que reduzca el impacto fiscal del esquema vigente y permita rediscutir el financiamiento universitario en el Congreso, en un escenario donde la incertidumbre sigue marcando el futuro del sistema.