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La Justicia imputó al hermano de Manuel Adorni por enriquecimiento ilícito
El fiscal federal abrió una investigación contra Francisco Adorni, funcionario del Ministerio de Defensa, tras una denuncia por presuntas inconsistencias patrimoniales.
POR REDACCIÓN
La Justicia federal avanzó este miércoles con una investigación contra Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al quedar imputado en una causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. La medida fue impulsada por el fiscal federal Guillermo Marijuán, luego de una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano.
El expediente quedó radicado en el juzgado federal de Sebastián Casanello, quien delegó la investigación en la fiscalía para avanzar con las primeras medidas de prueba.
Según consta en la denuncia, las sospechas se centran en el crecimiento patrimonial declarado por Francisco Adorni, actual funcionario del Ministerio de Defensa de la Nación. El dirigente llegó a la administración pública como titular de la Unidad de Auditoría Interna de esa cartera y, posteriormente, en junio de 2025, fue designado al frente del Instituto de Ayuda Financiera para pago de retiros y pensiones militares (IAF).
En el marco de la causa, Marijuán solicitó informes a más de 30 organismos y entidades para reconstruir los movimientos financieros y patrimoniales del funcionario.
De acuerdo con la declaración jurada correspondiente a 2024 presentada ante la Oficina Anticorrupción, Francisco Adorni informó la posesión del 50% de una vivienda de 162 metros cuadrados ubicada en City Bell, La Plata, adquirida mediante crédito hipotecario en 2016 y valuada en $38.790.000. También declaró el 50% de un automóvil Chery Tiggo modelo 2017, comprado en 2023, además de depósitos y dinero en efectivo que totalizaban un patrimonio de $43.790.000.
Sin embargo, en la declaración jurada de 2025 el patrimonio neto ascendió a $80.500.000. Según la presentación judicial, ese incremento estaría vinculado a la compra de una camioneta Jeep Renegade y a la cancelación anticipada de un crédito hipotecario del Banco Provincia por aproximadamente $60 millones.
En la denuncia, Pagano sostuvo que los ingresos como funcionario público podrían justificar la adquisición del vehículo, pero advirtió que el nivel salarial declarado no alcanzaría para afrontar el pago total del préstamo hipotecario en apenas doce meses.
La investigación judicial buscará determinar si existieron inconsistencias entre los ingresos declarados y la evolución patrimonial del funcionario nacional.