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La nueva disposición de Gobierno que facilitaría el tráfico de fauna
Ambientalistas denuncian que una disposición del Gobierno desregula la exportación de animales vivos y el tránsito interprovincial, abriendo la puerta al comercio legal e ilegal de especies nativas. El caso de Uruguay refuerza sus temores.
POR REDACCIÓN
Una reciente disposición de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación encendió las alarmas entre organizaciones ambientalistas y refugios de fauna silvestre. La Disposición 381/2025, publicada en el Boletín Oficial en abril, derogó normativas que durante décadas limitaron la exportación de animales vivos y el tránsito de ejemplares entre provincias. Para expertos en conservación, la decisión representa un retroceso de al menos 50 años en materia de protección de la biodiversidad.
La norma, firmada por el subsecretario Fernando Brom, elimina prohibiciones vigentes desde 1986 que restringían tres actividades clave: la exportación de fauna autóctona, el tráfico interprovincial de animales vivos, y la comercialización federal de productos derivados de la fauna silvestre. Para los especialistas, estas acciones estaban orientadas a frenar el tráfico ilegal y proteger especies en riesgo.
“Una puerta abierta al negocio con animales vivos”
Alejandra Juárez, directora del refugio Proyecto Carayá en Córdoba —único en su tipo en el país que alberga monos carayá rescatados del comercio ilegal— expresó su preocupación en diálogo con TN:
“Esto es un encubrimiento de la utilización comercial de nuestra fauna autóctona. No hay una sola línea que hable del beneficio para los animales, solo del beneficio económico”.
Según Juárez, la medida podría facilitar la actividad de cotos de caza, criaderos y exportadores, bajo el argumento de reducir la burocracia y promover beneficios económicos y culturales. Destacó que ya existen mecanismos regulados para trasladar animales por razones científicas o de conservación, pero que esta flexibilización amplía peligrosamente las posibilidades de abuso.
Además, apuntó contra provincias que habilitan la caza de especies nativas como el puma o el guanaco, prácticas que podrían escalar si se abren canales legales para la venta o exportación de ejemplares.
Un negocio multimillonario y global
Las cifras dan dimensión al problema. El comercio ilegal de vida silvestre mueve entre 15 y 20 millones de dólares anuales en Argentina, según estimaciones mencionadas por Juárez. A nivel mundial, es el cuarto mercado ilegal más lucrativo, solo detrás del tráfico de drogas, armas y productos falsificados.
“Hay desesperación por ser parte de la cadena de proveedores para compradores asiáticos, que buscan desde monos para zoológicos hasta colmillos de yaguareté”, alertó Juárez. El yaguareté, ícono de la fauna sudamericana, se encuentra en peligro crítico de extinción, especialmente en regiones como el Gran Chaco.
Uruguay como espejo preocupante
El caso de Uruguay ofrece un ejemplo concreto de lo que podría pasar. Allí, la exportación de lobos marinos vivos está permitida y regulada por el Estado. Según el gobierno uruguayo, entre abril y octubre se autoriza la captura y venta de estos animales, que se comercializan por miles de dólares para ser enviados a acuarios en Asia.
“Están vendiendo animales nativos a un continente totalmente ajeno, donde van a vivir toda su vida en cautiverio”, explicó Franco Peruggino, del refugio MundoAparte en Rosario, especializado en rescate de animales provenientes del tráfico ilegal.
Peruggino fue contundente:
“Esta medida nos hace retroceder tres o cuatro décadas. Con la excusa de achicar la burocracia, van a perjudicar a un montón de especies y ecosistemas”.
Ecosistemas bajo amenaza
Los expertos coinciden en que la desregulación puede beneficiar a actores del negocio de fauna, como criaderos que operan al margen de la ley o con escaso control, y cotos de caza que en algunas provincias funcionan legalmente. La preocupación principal es que, sin herramientas legales claras, el tráfico ilegal se mezcle con el legal, dificultando su control y fiscalización.
Frente a un escenario de pérdida acelerada de biodiversidad, organizaciones conservacionistas piden que se revea la medida y se incluya a científicos, técnicos y refugios en la elaboración de políticas públicas que involucren a la fauna silvestre.
“Esta disposición le da vía libre a quienes ven a la naturaleza como un recurso comercial. Pero los animales no son mercancía. Si no se revierte, vamos camino a una catástrofe ecológica silenciosa”, concluyó Juárez.