Opinión
Ni olvido ni perdón
Por Débora Plager
El 9 de diciembre de 1985 se condenó el genocidio de las juntas militares argentinas. El fiscal Julio Cesar Strassera en su alegato final recordaba a Dante Alighieri.
El autor de "La Divina Comedia" reservaba el séptimo círculo del infierno para los violentos, y dentro de ese mismo recinto, sumergía en un río de sangre hirviente y nauseabunda a cierto género de condenados, así descriptos por el poeta: "Estos son los tiranos que vivieron de sangre y de rapiña. Aquí se lloran sus despiadadas faltas".
El horizonte sombrío que muestra la crisis económica obliga a pensar un cambio de rumbo en el proyecto de impunidad. La crisis de 2001 tuvo dos figuras que permitieron sostener la continuidad democrática y la institucionalidad, Raul Alfonsin y Eduardo Duhalde. Hoy carecemos de esos liderazgos.
Por lo tanto el salto al vacío nos encontrará sin red. En ese eventual contexto de crisis terminal comenzó a hablarse en los círculos de poder de un gran acuerdo nacional. Un pacto que pueda incluir, bajo pretexto de no enfrentar el abismo, una ley de amnistía.
Cristina Fernandez de Kirchner nunca pensó en indultos. Su intención al regresar al poder era la consagración de su inocencia en las causas que la involucran. También que cesen los embargos que pesan sobre sus bienes y los de sus hijos. Dejar claro que los juicios en su contra fueron una venganza política diseñada por el macrismo a través del "lawfare".
Eso solo podía ser llevado a cabo mientras se tuviese capital político. El mismo que hoy se diluye al compás de la crisis, y la falta de liderazgo presidencial para afrontarla. La continuidad, para el oficialismo, más allá de 2023 es hoy una quimera.
La primera parte del objetivo al regresar al poder pudo cumplirse parcialmente. La lista de ex funcionarios, empresarios y dirigentes ligados al kirchnerismo que recibieron beneficios judiciales apabulla.
Entre excarcelaciones y arrestos domiciliarios dejaron sus lugares de detención: Lázaro Báez, Cristóbal López, Fabián de Sousa, Carlos Kirchner, Julio De Vido, Robero Baratta, Omar "Caballo" Suarez, Oscar Thomas, Juan Pablo "Pata" Medina, Luis D'Elia, Amado Boudou, y Jorge Chueco.
La embestida contra la Corte y el eventual nombramiento de nuevos miembros del máximo tribunal requiere de mayorías especiales parlamentarias de las que, por ahora, el oficialismo carece. En este marco se inscribe la hipótesis de recurrir a una amnistía que borre todas las cuentas pendientes en la justicia. El relato para llevar a cabo la idea de impunidad sería el peligro institucional.
Alberto Fernández hizo sus mejores intentos. Como precandidato presidencial afirmó, casi amenazante, en declaraciones periodísticas: "Algún día, Ecolini, Bonadio, Irurzun, Hornos y Gemignani van a tener que explicar las barrabasadas que escribieron para cumplir con el poder de turno"
Julian Ercolini es el juez que llevó la investigación de obra pública. El juez Bonadio, ya fallecido, procesó a Cristina Kirchner en diversas causas que instruía. El camarista Martín Irurzun, responsable de muchas de las prisiones preventivas. Juan Carlos Geminiani declaró la inconstitucionalidad del pacto con Irán y Gustavo Hornos frenó los recursos de la expresidenta para dilatar la causa obra pública.
A diferencia del indulto que es potestad del ejecutivo, la amnistía debe ser una ley del Congreso argentino. El artículo 75 inciso 20 de la Constitución Nacional faculta al Congreso para conceder amnistías generales. No es necesario contar con ninguna mayoría especial en las cámaras. La reforma constitucional del '94 no estableció la necesidad de mayorías calificadas para tal fin.
¿Por qué este escenario comenzó a ser explorado en algunos círculos de poder? Para que haya un indulto tiene que haber una pena. Cristina enfrenta varios juicios. Hotesur y Los Sauces, "Cuadernos de las coimas", "Obra pública", "Dólar futuro" "Memorándum con Irán". Ninguna condena aún.
Un indulto presidencial, además, dejaría al Gobierno demasiado expuesto. El escenario cambia con el respaldo del Congreso.
La amnistía se enmarcaría en un acuerdo político más amplio que involucre a distintos sectores ante un inminente colapso económico y social. Podría alcanzar a otros expresidentes como Mauricio Macri y eventualmente ser negociada como moneda de cambio de leyes anticorrupción para futuras administraciones. Algo así como la ficha limpia que rige en Brasil.
La amnistía sería el reconocimiento implícito de la comisión de delitos. Eso obligaría, según aspiran los ideólogos del proyecto, a correr de la vida pública a los representantes de la grieta que hoy encarnan Macri y Cristina. La única salida posible de la crisis, sostienen.
La Argentina tiene un pasado sombrío respecto de amnistías e indultos. En mayo de 1973, durante el Gobierno de Héctor Campora se sancionó la ley de amnistía. El ministro de Interior era Esteban Righi. En el penal de Devoto, Juan Manuel Abal Medina, le anunciaba a los detenidos su inminente liberación. Al intento de pacificación le siguieron años de más violencia y luego el golpe del '76.
En 1986 durante la presidencia de Raúl Alfonsín se sancionó la Ley de Punto Final, unos meses después la de Obediencia Debida. A ellas sobrevinieron las rebeliones militares de Semana Santa y Villa Martelli. En julio de 1989, en su discurso inaugural, el presidente electo Carlos Menen afirmaba frente al Congreso: "Se terminó el país del todos contra todos, viene el país del todos juntos". En octubre de ese mismo año llegaron los indultos. El oscuro pacto de impunidad estaba sellado. El guardián de las aguas nos espera en la antesala del purgatorio.
Por El Cronista para Diario Huarpe