Piden agravar la acusación contra "Chiqui" Tapia y Toviggino por la causa AFA

La investigación por la presunta evasión de más de $19.300 millones en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sumó un nuevo capítulo de tensión judicial. El fiscal Claudio Navas Rial presentó una apelación formal para endurecer los procesamientos dictados por el juez Diego Amarante, cuestionando que se haya dejado fuera de la acusación a las retenciones por ingresos de publicidad.

La medida del Ministerio Público Fiscal no solo apunta contra el sanjuanino Claudio “Chiqui” Tapia y su mano derecha, Pablo Toviggino, sino que alcanza a toda la plana mayor de la entidad de calle Viamonte: Gustavo Lorenzo (Gerente General), Cristian Malaspina (Secretario General) y Víctor Blanco (exsecretario). Todos ellos fueron procesados días atrás por el delito de apropiación indebida de tributos agravado y recursos de la seguridad social.

La maniobra bajo la lupa

Según el fallo del juez Amarante, la AFA habría ejecutado un "evidente plan" que consistía en retener y no depositar en término los aportes e impuestos entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. Sin embargo, el magistrado excluyó del procesamiento el ítem de publicidad (un 7,50% a cargo de los clubes), argumentando que la AFA no actuó como agente de retención en ese punto específico.

Para el fiscal Navas Rial, esta exclusión es un error técnico. Según su apelación, la Justicia realizó un "análisis fragmentado" de una maniobra que debe entenderse como una "única unidad antijurídica". Bajo esta óptica, las retenciones por publicidad deben valorarse junto al resto del régimen de aportes para determinar la verdadera magnitud del presunto fraude.

Restricciones y defensa

Mientras la Cámara en lo Penal Económico resuelve este pedido, "Chiqui" Tapia y los demás dirigentes deben cumplir estrictas reglas de conducta:

• No pueden ausentarse de sus domicilios por más de 72 horas sin aviso previo.
• Tienen prohibido modificar su residencia sin notificar al Tribunal.
• Deben comparecer ante la Justicia cada vez que sean requeridos.

Desde la defensa de la AFA, el argumento central es que las deudas fueron pagadas, aunque fuera de término. Sostienen que, debido a resoluciones de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y el Ministerio de Economía, las deudas de asociaciones civiles no eran ejecutables hasta mitad de año, por lo que, según su visión, tampoco podrían haber sido exigibles penalmente. Ahora, la palabra final la tendrá la Cámara Federal.