Baigorrí dijo que con un tercio del presupuesto judicial, la Fiscalía se independiza

El debate por la asignación de recursos al Ministerio Público Fiscal (MPF) volvió a instalarse en la agenda judicial de San Juan tras las declaraciones del fiscal general ante la Corte de Justicia, Guillermo Baigorrí, quien planteó que “en la mayoría de las provincias, el Ministerio Público Fiscal tiene autonomía financiera y eso le da mayor jerarquización”. Pero el planteo, que lo hizo en el Café de la Política, no quedó solo en lo conceptual, ya que le puso cifras y contó que “con un tercio de lo que recibe el Poder Judicial se lograría la autárquica necesaria”.

Ese cálculo cobra relevancia al trasladarlo a los números del Presupuesto Provincial. Para 2026, el Poder Judicial cuenta con $166.104.001.000, lo que representa el 6% del total de las cuentas públicas, como lo indica la Constitución. En ese contexto, el tercio que plantea Baigorrí implicaría una asignación cercana a los $55.368.000.333 para el Ministerio Público Fiscal.

Actualmente, si bien el MPF tiene autonomía funcional —es decir, capacidad para actuar con independencia en sus decisiones—, no cuenta con una estructura financiera propia. Esto significa que depende de la administración del Poder Judicial para la ejecución de sus recursos, una situación que, según el fiscal general, limita su margen de acción.

“Cuando uno tiene independencia genera que tenga mayor poder porque toma sus propias decisiones”. En ese sentido, planteó alternativas posibles para avanzar hacia ese objetivo sin necesidad de modificar el porcentaje global que recibe el Poder Judicial.

Una de ellas es alcanzar un acuerdo institucional con la Corte para establecer una cuenta propia para el MPF. Otra, más estructural, es que esa división quede establecida por ley. “Podría estar respaldado por una norma que disponga la división porcentual del mismo presupuesto”, indicó.

El planteo se apoya también en la estructura interna del sistema judicial sanjuanino. Según detalló Baigorrí, de los aproximadamente 900 empleados que integran el Poder Judicial, unos 460 pertenecen al Ministerio Público Fiscal. Este dato, lejos de ser menor, expone el peso operativo que tiene el organismo dentro del esquema general.

“Si se toma el número total del personal, 460 son de la fiscalía. Eso te marca la mitad del total, pero la fiscalía es la que demanda más gastos, porque la investigación implica mayores recursos”, señaló.

A partir de esa realidad, el fiscal general también sugirió un modelo de distribución interna más equilibrado. “La compensación presupuestaria sería 4 a 2, siendo la mayor parte para la Corte y el resto para el MPF”. Es decir que, para Baigorrí, la Corte debería quedarse con $110.736.000.667 y los restantes $55.368.000.333 brindárselos a los fiscales.

El trasfondo de la discusión no es meramente administrativo. La autonomía financiera del Ministerio Público Fiscal está directamente vinculada con su capacidad para investigar delitos complejos, sostener equipos técnicos, incorporar tecnología y actuar con independencia frente a otros poderes del Estado.

En ese contexto, la propuesta de Baigorrí abre un nuevo eje de debate que no solo involucra al ámbito judicial, sino también al político. La definición sobre cómo se distribuyen los recursos impacta de manera directa en el funcionamiento del sistema de justicia y en la calidad del servicio que se brinda a la sociedad.

Textuales

Guillermo Baigorrí / Fiscal General ante la Corte de Justicia

“Con un tercio del presupuesto del Poder Judicial, la Fiscalía podría lograr su independencia económica en San Juan y tomar decisiones propias”.

“La fiscalía demanda más recursos por la investigación; por eso proponemos una distribución 4 a 2 dentro del presupuesto judicial actual”.