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San Juan podrá concesionar rutas nacionales y evaluar peajes
Un decreto de Milei habilitó a San Juan a licitar y gestionar rutas con peajes. Nación mantiene el control y Vialidad supervisará obras.
San Juan quedó habilitada para concesionar rutas nacionales y avanzar en un esquema de obras financiadas con peajes, tras la publicación del Decreto 253/2026 del Gobierno nacional. La medida delega en la provincia la facultad de licitar, adjudicar y administrar tramos viales que atraviesan su territorio, aunque sin perder la titularidad ni el control general por parte de Nación.
Según pudo reconstruir DIARIO HUARPE, la norma incluye a San Juan dentro de un grupo de provincias que venían solicitando mayor participación en la gestión de rutas nacionales. A partir de ahora, el Gobierno provincial podrá impulsar proyectos de mantenimiento, ampliación o reparación bajo el modelo de concesión de obra pública.
La herramienta no es automática. Para que la provincia pueda avanzar, primero deberá firmar convenios con Vialidad Nacional donde se definan los tramos a intervenir, los plazos y el esquema de financiamiento. Recién después de esa instancia quedará habilitada para lanzar licitaciones.
Uno de los puntos centrales del decreto es el financiamiento: las obras podrán sostenerse mediante el cobro de peajes. Ese aspecto abre un escenario nuevo para San Juan, donde hasta ahora no existe un sistema extendido de este tipo en rutas nacionales dentro de su territorio.
En ese sentido, fuentes vinculadas al sector señalaron que el esquema podría aplicarse en corredores estratégicos, especialmente aquellos vinculados a la producción, el turismo y la actividad minera en la cordillera. La decisión final dependerá de la evaluación económica de cada proyecto y del costo político de avanzar con tarifas al usuario.
Más poder, pero con condiciones
El decreto establece que la delegación es limitada, temporal y revocable. Esto significa que la Nación mantiene la propiedad de las rutas y la jurisdicción sobre los corredores, además de conservar funciones de control a través de Vialidad Nacional.
A su vez, la provincia deberá cumplir con una serie de requisitos técnicos y administrativos. Entre ellos, presentar un plan de obras detallado, definir el esquema de financiamiento y garantizar condiciones de transparencia, competencia y razonabilidad tarifaria.
Otro punto clave es que San Juan asumirá la responsabilidad legal y económica de las concesiones. Esto incluye eventuales reclamos judiciales, daños a terceros o incumplimientos contractuales, lo que obliga a un diseño cuidadoso de cada proyecto.
El plazo máximo de las concesiones será de hasta treinta años, mientras que la provincia tendrá un año desde la firma del convenio para llamar a licitación. Si no lo hace en ese tiempo, perderá la facultad sobre ese tramo.
Impacto en la provincia
La medida abre una oportunidad concreta para que San Juan acelere obras viales consideradas estratégicas, especialmente en un contexto donde la infraestructura es clave para el desarrollo productivo.
En la práctica, la provincia podría priorizar rutas que conectan zonas agrícolas, corredores turísticos o proyectos mineros en expansión, donde la logística es un factor determinante.
Sin embargo, el desafío será encontrar el equilibrio entre inversión y costo para los usuarios. La implementación de peajes, aunque habitual en otros puntos del país, podría generar debate a nivel local.
El nuevo esquema también obliga a una coordinación estrecha con Nación. Aunque la provincia gestione las concesiones, Vialidad Nacional seguirá auditando y supervisando los contratos, garantizando que se cumplan los estándares del sistema vial.
Un cambio de modelo
El decreto se inscribe en una estrategia más amplia de descentralización impulsada por el Gobierno nacional, que busca trasladar a las provincias mayor protagonismo en la gestión de infraestructura.
En el caso de San Juan, la medida representa un cambio de rol: pasa de depender exclusivamente de Nación a contar con herramientas propias para intervenir en rutas nacionales.
El desafío ahora será traducir esa posibilidad en proyectos concretos. Con planificación, financiamiento y consenso político, la provincia podría avanzar en obras clave. Sin esos elementos, la herramienta quedará solo en una habilitación formal.
El escenario está abierto y, por primera vez en años, San Juan tiene la posibilidad de decidir sobre corredores que son centrales para su desarrollo.