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Alegatos: los fiscales pidieron la destitución de Alonso por “morosidad extrema”

El Jurado de Enjuiciamiento tiene 30 días para resolver si lo remueve del cargo o lo declara inocente de los cargos que le imputan.

Al principio, el Fiscal General de la Corte, Eduardo Quattropani; el Coadyuvante el Fiscal de Cámara Nº 1, Fabrizio Medici; y el Fiscal de Estado de San Juan, Jorge Alvo.

POR Leonardo Domínguez
24 de septiembre de 2021

24 de septiembre de 2021

En la mañana de este jueves se escucharon los alegatos de las partes involucradas en el juicio oral y público contra el juez Javier Alonso y tal como se esperaba, los fiscales que hicieron las veces de acusadores le solicitaron al Jurado de Enjuiciamiento que lo destituya por una morosidad extrema en la tramitación de las causas que tenía a su cargo. El argumento fundamental es que el magistrado no resolvió ni un solo expediente penal al cabo de seis meses, entendiendo que de esa forma mostró “desinterés” por el servicio de Justicia y “no honró su cargo”. La defensa insistió en que era imposible que el acusado tuviera el juzgado al día, porque no contaba con los recursos suficientes. El tribunal tiene hasta el sábado 23 de octubre para dar a conocer su veredicto.

Los alegatos llevaron más de dos horas y constituyen la previa a la finalización del proceso que tiene contra las cuerdas a Alonso. El juez de la Segunda Circunscripción, que tiene asiento en Jáchal, llegó a esta instancia tras ser denunciado por la Corte de Justicia en abril ante el Jurado de Enjuiciamiento por tener profundas demoras en más de 500 causas penales y civiles.   

El primer alegato lo dio Fabrizio Medici en representación de la Fiscalía General de la Corte que encabeza Eduardo Quattropani, quien es uno de los acusadores. El letrado solicitó que Alonso sea removido por las causales de morosidad extrema e injustificada, negligencia en el ejercicio de sus funciones e incumplimiento de los deberes.

Medici ensayó una extensa fundamentación y remarcó que lo más grave y preocupante es que Alonso no dictó ningún procesamiento, falta de mérito o sobreseimiento en las causas penales durante el segundo semestre de 2020. Según el fiscal, esa conducta derivó en una “paralización” del fuero Penal en la Segunda Circunscripción y fue de tal gravedad, que equivale a una “denegación del servicio de Justicia”.

Alonso había reconocido en su declaración la morosidad de julio a diciembre de 2020, pero la atribuyó a una serie de factores que se juntaron en esa época, como falta de personal, empleados poco capacitados, el traslado del único colaborador de experiencia que tenía y la pandemia del coronavirus. A modo de contrarrestar esa teoría, Medici se preguntó por qué entonces después de que estallara el escándalo y cuando tenía la misma cantidad de personal y persistían las restricciones sanitarias, el juez empezó a dictar resoluciones.

Por otra parte, Medici sostuvo que la paralización de los expedientes coincide con el traslado de Hugo Amaya, por entonces secretario Penal. Para el fiscal, fue un indicador de que el que hacía los proyectos de resoluciones era ese funcionario y que cuando ya no estuvo, el magistrado fue incapaz de seguir adelante.

“La responsabilidad de resolver es personalísima del juez”, afirmó Medici para no dejar dudas de la posición del Ministerio Público acerca de quién tiene la culpa por la delicada situación en Jáchal. Al mismo tiempo, después de destacar que Alonso es "un hombre de bien" y que sólo se lo esta juzgando por el ejercicio de su función, señaló que demostró “falta de preocupación en el cumplimiento de los plazos procesales” y se declaró convencido de que en ninguna parte del país existe semejante estado de morosidad judicial.

El otro alegato de la parte acusadora lo brindó el fiscal de Estado, Jorge Alvo. Después de adherir al pedido de la Fiscalía General, aseguró que Alonso “denotó una conducta incompatible con el servicio de Justicia” y “falta de idoneidad”.

A su turno, los defensores Marcelo Fernández y Franco Montes aseguraron que el informe de auditoría que encendió las alarmas y motivó la denuncia contiene datos falsos y se mantuvieron firmes en que la morosidad se dio por las carencias de personal y de infraestructura que expuso el juez. En esa misma línea, recordaron que los propios auditores enviados por la Corte de Justicia concluyeron en su dictamen que en Jáchal hacía falta más empleados y una urgente capacitación de los mismos.

Para Fernández, es injusto comprar la realidad del juzgado dirigido por Alonso con los de Instrucción o Correccional. ¿Por qué? Puso de relieve que los otros manejan solamente causas penales, mientras que el de Jáchal es multifueros y también tramita procesos civiles, laborales y de familia, además de destacar que en el departamento del norte sucedieron varios delitos graves durante el periodo cuestionado y que eso obligó a que Alonso se metiera de lleno en la investigación para tratar de esclarecerlos.

La última palabra la tiene el Jurado de Enjuiciamiento, que tiene como miembros al cortista Marcelo Lima (presidente), a los diputados Fernanda Paredes y Juan Carlos Abarca y a los abogados Cristina Pintor y Mario Arancibia. Después de escuchar los alegatos, tienen hasta el 23 de octubre para dar a conocer el veredicto sobre el futuro de Alonso.

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