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Así fue el “trágico derrotero” de la mujer para acceder al aborto
Con esa frase su abogado describió por primera vez la historia de su defendida.
Por Germán González
A través de un extenso escrito del abogado Reinaldo Bedini, representante de la mujer (se reserva la identidad), se conoció por primera vez el otro lado de la historia detrás del aborto que su expareja quiso impedir. El texto legal, firmado por el abogado Bedini, refleja todo lo que vivió la sanjuanina que accedió a una interrupción legal del embarazo.
En un escrito de 23 páginas, presentado como un recurso de reposición, el letrado Bedini explicó que la obra social le exigió a su defendida que autorice las órdenes médicas mediante una petición firmada por su esposo, ya que era el titular y ella la adherente. Luego señaló que cuando pasaron los 10 días, venciéndose así el término que le acuerda como máximo la ley IVE (Interrupción Voluntaria del Embarazo) para satisfacer la necesidad de la mujer, le comunican que el expediente fue “dado de baja” por petición de su esposo. Por ende, la sanjuanina tuvo que iniciar un nuevo trámite.
“La accionada sufrió un trágico derrotero en su camino para ejercer su derecho a interrumpir su embarazo en tiempo y forma de ley”, describió el abogado litigante.
Según el escrito, la sanjuanina entró en desesperación, ya que a la negativa de la obra social se sumaba la posibilidad de que su marido la demandara ante la Justicia, pese a que había una ley que la amparaba a realizarse la interrupción voluntaria del embarazo. Por otra parte sabía que en los hospitales públicos de la Ciudad de San Juan la derivarían a su obra social, según el relato escrito del abogado Bedini.
Por eso la mujer decidió trasladarse a un centro de salud de otro departamento del Gran San Juan: al Hospital de Pocito Federico Cantoni más específicamente. Allí fue atendida por personal médico, que escuchó su historia y verificó los estudios que portaba. Posteriormente, se le suministró la medicación abortiva. Esto ocurrió el 21 de abril. Ese mismo día su pareja daba a conocer la situación en los medios de comunicación.
Bedini señaló que la medida cautelar ordenada en el fuero civil “resulta de cumplimiento imposible porque la suscripta (la mujer) accedió a la IVE conforme lo autoriza la ley en forma previa a su dictado”.
Dijo que “la resolución dictada resulta absolutamente lesiva de la intimidad de la suscripta y convalida la violencia sexual de su esposo, la violencia institucional de la obra social y del servicio de justicia” y pidió que sea revocada. Se refiere a la cautelar aprobada por la Cámara Civil Tercera, que no se trata de una resolución de fondo sobre el hecho, pero dejaba un precedente para futuras demandas similares.
Finalmente el profesional en leyes cerró en su texto haciendo una fuerte crítica a “la intromisión en la vida privada de la suscripta, su divulgación en la prensa y el sometimiento de su decisión al juicio popular”. Argumentó que esto provocó un intenso daño en la integridad psíquica de su defendida y de sus tres hijos. En cuanto al accionar de la obra social pidió que se investigue si hubo un delito penal por obstaculizar un aborto legal, a raíz de lo que refiere el artículo 85 bis del Código Penal Argentino.