El DNU de Milei bajo la mirada de los economistas de San Juan

Durante la noche del pasado miércoles, el presidente Javier Milei presentó un decreto de necesidad y urgencia (DNU), el cual contiene 366 artículos que impactan de lleno en la economía argentina. En este sentido, tres economistas de San Juan opinaron sobre la iniciativa y sentaron posiciones antagónicas al respecto.

Para entender la situación actual y conocer los alcances del decreto, DIARIO HUARPE dialogó con los economistas Luis Aveta y Eduardo Coria Lahoz, y la economista política Gabriela Lirussi, quienes además también analizaron el impacto que tendrá el DNU en el bolsillo de los argentinos.

En consonancia y con una visión optimista de la medida, se encuentra Coria Lahoz, quien si bien explicó que es difícil saber en este momento cuál va a ser el impacto, en términos generales aseguró que lo que se propone es una enorme desregulación de la economía, lo que hará bajar costos de transacción y administrativos para las grandes empresas y también las pymes.

Eduardo Coria Lahoz. (Foto: gentileza).

“Son medidas que serán muy positivas para la economía, cuyos efectos los vamos a empezar a ver en seis, ocho o diez meses. Esto va a permitir que muchas cosas que estaban totalmente trabadas, empiecen a liberarse, y es de esperar que esto permita generar nuevos puestos de trabajo, aumentar la productividad y rentabilidad. Se van a crear más negocios y, por ende, van a tener que contratar a más trabajadores”, auguró.

En este sentido, el economista consideró que actualmente operan muchos profesionales independientes que a partir de estas medidas que generan marcos jurídicos positivos en las partes impositivas y administrativas, podrán convertirse en nuevas pequeñas empresas que contraten reducidos grupos de empleados.

Respecto a la derogación de las leyes de Abastecimiento y Góndolas, y la eliminación del Observatorio de Precios, Coria celebró acabar con el “enorme error de tratar de controlar los precios”, y aseguró que al disminuir las estructuras burocráticas del Estado, quitándole costos a las empresas, hará que los precios bajen y que los consumidores estén mejor.

En contraposición a esas proyecciones se mostró Aveta, quien afirmó que “todas estas medidas le van a tocar el bolsillo a la gente”, y criticó categóricamente el DNU, al asegurar que no fue comunicada la letra chica, y que solo es comprensible por quien lo escribió. “Hay algunos artículos que parecen buenos, pero la gran mayoría son una calamidad”, sentenció.

Luis Aveta. (Foto: archivo DIARIO HUARPE).

A su vez, expresó que los principales puntos que afectarían la economía del ciudadano de a pie están vinculados con las desregulaciones en energía, salud, derechos laborales, y a las derogaciones vinculadas a la producción y comercialización de alimentos.

Sobre este último punto, si bien reconoció que jamás fueron efectivos los controles de precios, Aveta explicó que las nuevas medidas le otorgan más poder a los formadores de precios, quienes no tendrán complicaciones a la hora de aumentar, o de elegir exportar sus productos en lugar de abastecer al mercado interno.  

En esta otra vereda de las opiniones, también se ubicó Lirussi, quien agregó sobre la mesa de críticas las modificaciones en obras sociales y alquileres, sobre los que pronosticó que aumentarán significativamente debido a que la oferta es casi nula y la demanda muy alta. “No hay ninguna garantía de un Estado que proteja al inquilino”.

Gabriela Lirussi. (Foto: gentileza UNSJ).

Además, se refirió a la reforma laboral que contiene el DNU, y aseguró que si bien la quita de cargas impositivas generará una mejora relativa, será significativa en parte solo para el empresariado y no para la población. “Si mejoras la oferta, pero no la demanda, el mercado no va a funcionar. En lugar de ver cuáles son las razones por las que el empleo privado no crece, están borrando derechos que van a dejar a la gente en una situación de mayor vulnerabilidad”, sentenció.

Con relación a los valores que podrían observarse en góndolas a partir de este decreto, Lirussi afirmó que el gran problema que tiene Argentina es que el sector alimenticio es oligopólico, y aseguró que frenar los aumentos dependerá de que los consumidores apliquen una mayor conciencia a la hora de consumir. “Que la gente deje de comprar, significa una presión sobre los precios”.

Por otra parte, criticó que no exista una Secretaría de Comercio que se ocupe de controlar los valores que impone esta industria, y enfatizó: “El Gobierno no está garantizando el derecho de que la gente coma solo duplicando la asignación universal por hijo, si después las cosas aumentan cuatro veces. El Estado debe garantizar, por lo menos, que la gente pueda alcanzar la canasta básica”.