Reforma laboral por decreto y Ganancias: la advertencia de la CGT y las dudas por la flexibilización

La reforma laboral que el Gobierno comenzaría a llevar adelante vía DNU motivó conversaciones entre funcionarios, dirigentes sindicales y empresarios. También, idas y venidas sobre la factibilidad de hacer cambios por decreto y qué tan judicializables son.

La incertidumbre mantiene a todos en estado de alerta, pero desorientados. Comienzan a definirse prioridades: para los gremios más pesados, el foco parece puesto en que no se reinstale el impuesto a las Ganancias a la cuarta categoría. Para el Gobierno, en obtener vía libre para cambiar el régimen de contrataciones e indemnizaciones.

Estas conclusiones transmitieron asistentes a un puñado de reuniones que mantuvo el "asesor" de Trabajo (tal su cargo, según oficializó el Ministerio de Capital Humano), Omar Yasin, con dirigentes gremiales. En esos encuentros quedó claro que el funcionario estaba pendiente del sistema de indemnizaciones que el Gobierno busca modificar, mediante la restricción en el cálculo de los montos a percibir por el trabajador en caso de despido sin causa y, sobre todo, la posibilidad de masificar el "modelo Uocra" de seguro.

Foco en Ganancias

Los gremios más importantes están desorientados. Omar Palazzo, secretario de La Bancaria, fue el primero que blanqueó el rechazo a la vuelta de Ganancias. "Trece años peleamos por la quinta de Ganancias. No vamos a permitir que vuelvan a ponerlo", dijo Pablo Moyano, de Camioneros, en AM 750. Avisó que la CGT se juntará con los bloques peronistas para buscar músculo en esta resistencia.

El referente de otro sindicato de altos ingresos le puso números: para un salario bruto de $ 1,2 millones (alto en comparación con la masa de trabajadores, pero licuándose por la inflación), el mix de descuentos legales e impuesto a las Ganancias dejaría, "en mano", unos $ 600.000.

La estrategia del Gobierno

La batalla por Ganancias suma ruido a un sindicalismo que espera novedades para definir pasos a seguir. El Gobierno no incluiría en el DNU ómnibus cambios en el sistema nervioso de poder sindical: la democratización y los aportes sindicales.

Un especialista interpreta, en off, que el Ejecutivo evitó así ir al choque con la corporación para, eventualmente, enfrentar la judicialización del "caso por caso". Es decir, que la justicia laboral definirá, ante el reclamo de un trabajador por un caso puntual, la legalidad de los cambios impuestos por el Poder Ejecutivo por "necesidad y urgencia".

Según los trascendidos de reforma laboral vía DNU, la reducción de contribuciones y aportes pende de un hilo en épocas de restricción presupuestaria. Fue un pedido concreto de Paolo Rocca al ministro del Interior, Guillermo Francos, la semana pasada: "Un tema de estos años ha sido la informalidad. Hay que pensar en una reforma que permita llevarla al sector formal con una carga social sostenible", dijo.

Período de prueba

Pero otro punto clave y conflictivo es la extensión del período de prueba, de 3 a 8 meses. Esto hace augurar una rotación más alta en sectores con mucho empleo no especializado, como el comercio o la gastronomía. Y si a eso se suma la facilitación de despidos en medio de un ajuste recesivo, el panorama es complejo.

Juan Manuel Ottaviano, abogado laboralista del Centro de Estudios del Trabajo y el Desarrollo de la Unsam, explicó que el mix de mayor periodo de prueba y flexibilización de indemnizaciones "busca bajar la barrera de contratación y la barrera al despido, y eso iría hacia una alta rotación".

A eso se sumaría un cambio en el sistema de multas por trabajo informal o incluso la eliminación de estas penalidades. En un contexto de fuerte recesión, el incentivo a blanquear trabajadores o hasta mantener planteles parece dudoso.

Ottaviano sostuvo que el modelo parece replicar al que implementó España en 2012 y que hizo que "el 70% del empleo que se creó fuera temporario".