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Judiciales > Desvíos de fondos de la Policía

En una acalorada audiencia, dictaron prisión preventiva a la secretaria de Vaneti

Hubo un fuerte contrapunto entre la UFI Delitos Especiales y la defensa de la cabo Carolina del Valle Tejada Montaño, acusada de defraudar al estado

POR Germán González
05 de mayo de 2021

05 de mayo de 2021

Este miércoles fue la segunda audiencia por la causa del fraude contra la Policía de San Juan. También fue de control de detención y de formalización, pero esta vez contra la tercera sospechosa, la cabo Carolina del Valle Tejada Montaño de 41 años. La mujer era secretaria del tesorero de la Policía de San Juan, el oficial principal Oscar Antonio Vaneti de 41. Tanto Tejada como Vaneti y su esposa, la subcomisario María Ivana Olivares de 45 años están acusados de desviar fondos de la fuerza, que estaban destinados al pago de adicionales y a la compra de insumos para ese servicio. La última detenida, al igual que el matrimonio, recibió seis meses de prisión preventiva y fue enviada al Penal de Chimbas por decisión de la jueza de garantías Gema Guerrero. 

La audiencia tuvo lugar en la Sala 6. La Justicia habilitó la Sala 7 para la prensa. Como en la audiencia del matrimonio Vaneti, hubo una demora en el comienzo y cuando comenzó el debate hubo cruces fuertes entre el fiscal Iván Grassi y la defensora particular de Tejada, la abogada María Vanesa Sanso, por la imputación de la detenida. 

El fiscal Grassi dijo en su acusación que Tejada recibió dinero de la cuenta bancaria madre de la Policía a su cuenta bancaria particular en al menos dos oportunidades en el mes de marzo pasado, una por $280.000 y otro por $90.000. Y que el 15 de abril iba a recibir nuevamente una suma de $280.000, pero que la maniobra realizada por el oficial principal Vaneti se vio frustrada por sus superiores. El funcionario aclaró que la cabo sabía de este plan delictivo y que participó como autora o al menos partícipe necesario para concretarlo. 

Tras las palabras del coordinador de la Unidad Fiscal de Investigación Delitos Especiales, la abogada defensora Sanso atacó el planteo y dijo que la audiencia no debía llevarse a cabo porque faltaban pruebas para la imputación del delito de peculado, una modalidad de fraude contra el Estado, que tiene una pena de dos a diez años de prisión. La mujer dijo que no había información de una auditoría que estableciera que hubo desvíos de fondos. El fiscal respondió a esto diciendo que si había material de prueba acreditado, lo que permitió que se solicitara la orden de detención, que fue aprobada por la misma jueza Guerrero. 

Los contrapuntos siguieron durante toda la audiencia y a raíz de esto hubo varias interrupciones. Santo expresó a la jueza que iba a pedir la inconstitucionalidad del proceso y después señaló que su representada era acosada por sus superiores y que iba a hacer una denuncia sobre esto porque tenía capturas de chats que lo probaban. A lo que el fiscal pidió la objeción y solicitó que la defensora no se desviara del tema principal de la audiencia: la acusación de fraude que pesaba sobre la policía. 

Sobre el final de la audiencia la magistrada Guerrero le pidió a Sanso que no hiciera más planteos dilatorios y le llamó la atención por esto, según contaron fuentes judiciales. 

En la audiencia también estuvieron presentes los abogados de Fiscalía del Estado, la parte querellante del proceso. Los letrados adhirieron a todo lo expuesto por el fiscal Grassi. 

La versión de Tejada

La cabo prefirió declarar antes que el silencio. La mujer explicó que en ningún momento manejó las cuentas bancarias de la Policía de San Juan, señaló que solamente se encargaba de ver los recibos y papeles de ingreso de dinero, argumentó luego que solo recibía órdenes de sus superiores (Vaneti era su jefe) y finalmente denunció que en su trabajo era constantemente acosada. En conclusión la mujer se desligó de las acusaciones, dejando entrever que no sabía nada de lo que hacía su jefe. 

La jueza Gema Guerrero decidió, tras escuchar a las partes del caso, dictarle a Tejada la prisión preventiva y que sea trasladada de la Comisaría 35ª (donde estaba alojada) al Servicio Penitenciario Provincial. Todo esto, una vez que se haya cumplido con los protocolos Covid-19.

Según explicó Grassi, la mujer estuvo prófuga durante el fin de semana, motivo por el que la policía debía estar con prisión preventiva, además de que podía entorpecer la investigación si obtenía la libertad. Finalmente la jueza aceptó este argumento. 

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