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El tesorero de la Policía y su esposa continuarán detenidos e irán al penal de Chimbas
Así lo determinó la jueza de garantías Gema Guerrero tras finalizar la audiencia de formalización de los cargos por el delito de peculado (malversación de caudales públicos).
Por Germán González
Este lunes empezó la audiencia de control de detención y formalización contra los detenidos por el desvío de fondos en la Policía de San Juan. En este primer cara a cara con la jueza Gema Guerrero estuvieron el oficial principal Oscar Vaneti y su esposa la subcomisaria María Ivana Olivares. El primero era jefe de Tesorería, mientras que la mujer trabajaba en otra dependencia policial. Están sospechados de sacar de las arcas de la Policía alrededor de $900.000 y transferirlos a sus cuentas particulares. Por esto recibieron la medida de prisión preventiva por seis meses que deberán cumplir en el Servicio Penitenciario Provincial, una vez que se hayan dado todos los protocolos Covid-19, dijeron fuentes judiciales.
La audiencia estaba pactada para las 17.30, pero tuvo una demora de media hora para su comienzo. Finalizó después casi cuatro horas de debate. En el medio hubo dos cuartos intermedios: el primero para pedir una prueba que no estaba y el segundo para que la jueza deliberara su resolución luego de escuchar las partes. La sala quedó chica para la cantidad de gente, y debido a la segunda ola de la pandemia, la jueza ordenó que se habilite otra audiencia para los familiares de los detenidos y para la prensa.
El primero en exponer fue el fiscal coordinador de Delitos Especiales, Iván Grassi, que tomó el timón de la investigación una vez presentada la denuncia por parte de las autoridades policiales, el jefe de Policía, comisario general Luis Martínez y el secretario de Seguridad Carlos Munisaga. El funcionario del Ministerio Público Fiscal señaló que quien descubrió el movimiento delictivo fue el contador de la Tesorería de la Policía de San Juan. El hombre se enteró de que Vaneti pidió una firma para hacer una transferencia que ya se había realizado. La hipótesis es que el oficial principal se vio acorralado y suspendió la operación de $280.000 que iba a la cuenta particular de su secretaria, la cabo Carolina del Valle Tejada Montaño, que se entregó este lunes por la mañana después de estar prófuga durante el fin de semana.
Con la primera información, Grassi solicitó oficios para que el banco San Juan revele el secreto financiero de las cuentas bancarias de los detenidos. Tras obtener los primeros informes, encontró que de una cuenta madre de la Policía de San Juan, la 1929-9, Vaneti envió fondos a otras cuentas que no estaban autorizadas y lo hizo en más de una oportunidad: el 14 de enero de 2021 transfirió $228.400 a su cuenta personal; el 9 de marzo del corriente año transfirió $104.197 con el concepto de devolución de haberes de oficial fallecido de apellido Bartol; el 18 de marzo le envió a Tejada Montaño la suma de $280.000 y finalmente el 15 de abril trató de transferirle nuevamente un gran monto a su secretaria. Los fondos que desviaron estaban destinados al pago de adicionales y compra de insumos de ese servicio. No era para el pago directo a los involucrados, señalaron fuentes del caso.
El método de Vaneti, según la hipótesis de Fiscalía, era imprimir la ejecución de transferencia como lo hacía regularmente, luego pedía las firmas y una vez que obtenía los sellos distintivos, de manera oculta cambiaba los destinatarios de los envíos de fondos.
A raíz de esta prueba evidente, el fiscal pidió la detención de los tres involucrados y el secuestro de la documentación y aparatos electrónicos necesarios para la causa. La Policía detuvo al matrimonio de policías el viernes pasado a las 18.50 en su casa del barrio Campos de Sueños, en Santa Lucía.
Luego de los allanamientos y el secuestro de comprobantes de transferencias bancarias y de tarjetas de créditos, la Fiscalía descubrió que Vaneti y Olivares realizaron al menos cuatro transferencias entre sus cuentas entre el mes de enero y abril de 2021, por los montos de $77.000, $20.000, $95.000 y $17.500. También que tenían un monto de gastos enormes con sus tarjetas de crédito: Vaneti por $400.000 y Olivares por $302.000. La UFI Delitos Especiales sospecha que estos movimientos fueron con plata de la fuerza.
El fiscal Grassi no descarta que el desvío de fondos supere los $900.000 y que la cifra sea millonaria. Además cree que podría haber más implicados en la causa. Por eso solicitó que Vaneti y Olivares estén detenidos por un año y sean enviados al Servicio Penitenciario Provincial. A esto adhirió la querella representada por los abogados de la Fiscalía de Estado, a cargo de Jorge Alvo. Sin embargo, la jueza Gema Guerrero la otorgó por seis meses para ambos y dijo que la investigación dure un año.
La abogada defensora del matrimonio es la doctora María Filomena Noriega. La mujer dijo que todo se trató de un "error contable o negligencia" y solicitó la excarcelación de sus representados por considerar que tienen una carrera intachable en la Policía, no cuentan con antecedentes penales y porque el delito de peculado es excarcelable. Según la normativa penal vigente, el peculado es un delito consistente en la apropiación indebida del dinero perteneciente al Estado por parte de las personas que se encargan de su control y custodia. Por esto, hay una pena de dos a diez años de prisión.
Noriega justificó además que Olivares tiene una enfermedad por la que es paciente de riesgo y por la que estuvo con licencia durante el primer tiempo de la pandemia. Además expresó que la mujer tiene hijos pequeños que cuidar y su madre depende de ella porque afronta una enfermedad mental. No consiguió la domiciliaria, pero sí que la subcomisaria esté en su casa hasta que sea trasladada al penal de Chimbas.
A la hora de dar su declaración, Oscar Vaneti dio una versión muy cuestionada después por Fiscalía. Dijo que transfería el dinero a las cuentas para pagarle a los uniformados que no podían cobrar por diferentes motivos y que no tenía una solución en lo inmediato por el problema del Covid. Señaló que tenía todo documentado, pero que no sabe dónde está porque no lo dejaron ingresar más a su oficina a partir de la denuncia. En cambio su esposa contó que desde hace un tiempo no trabaja en la fuerza y que se encargaba de asesorar a la Secretaría de Seguridad con diferentes temas relacionados con el protocolo.
Vaneti y Tejada está señalados por ser autores del delito de peculado. En tanto que Olivares fue señalada por ser partícipe necesario para que se lleve a cabo el delito. La audiencia contra la secretaria del tesorero tal vez sea este martes.