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INV y vinos: San Juan pide a Nación corregir cambios claves
Tras la Resolución 37/2025 del Gobierno nacional, San Juan y parte del sector vitivinícola reclaman que no se eliminen controles clave como el CIU y trazabilidad.
La desregulación del organismo rector del vino, el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) ya encendió alarmas en San Juan. La provincia, una de las mayores productoras de uva y vino fraccionado del país, le envió a la Nación un pedido formal para revisar cambios que entrarán en vigor el 1 de enero de 2026 y que, a criterio de cámaras, gobiernos provinciales y productores, pasan “de un extremo al otro” y pueden dejar huecos en la trazabilidad del producto y la protección del pequeño vinatero.
En diálogo con en San Juan en Noticias, de Radio Mitre 95.1, el funcionario sanjuanino Miguel Moreno, secretario de Agricultura, Ganadería y Agroindustria, dijo que: “Ha generado una polvareda interesante” la Resolución 37/2025 que firmó el gobierno de Javier Milei y que promueve el ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger.
Los reclamos, que empezaron en el epicentro vitivinícola de Cuyo y que ahora escala San Juan, apuntan a evitar que se pierdan herramientas de respaldo como el Certificado de Ingreso de Uva (CIU), los controles de varietales y los permisos de tránsito que históricamente permitían seguir el paso de la uva, el mosto y el vino a lo largo de toda la cadena productiva.
Un pedido que nace en Cuyo y se robustece en San Juan
El “extremo a extremo” que describió Moreno hace referencia al salto entre una fiscalización rígida y un escenario casi sin controles iniciales ni intermedios. Con la nueva normativa, el INV dejará de supervisar las etapas que ocurren antes del embotellado para concentrarse solo en el control del vino fraccionado listo para la venta.
Eso implica que no serán obligatorios trámites como la declaración jurada semanal de elaboración, ni permisos para mover producto a granel ni, sobre todo, el CIU, documento histórico que acreditaba la titularidad del productor sobre la uva entregada a bodega.
Para San Juan, donde productores funcionan bajo un modelo de “vinos de tercero” –entregan uva, el vino queda en guarda en la bodega y luego lo fraccionan– el CIU no es un mero papel: es un respaldo mínimo para evitar conflictos de propiedad, asegurar base de datos varietales precisos y sostener el sistema de información productiva provincial.
“No queremos que desaparezca el CIU”, remarcó Moreno, en línea con los planteos previos del sector mendocino, rionegrino y sanjuanino que ya habían hecho un primer pedido conjunto a funcionarios nacionales y a la cartera económica.
Qué reclama San Juan, punto por punto
El informe que la provincia elaboró y que enviará al Ministerio de Desregulación, con copia al Ministerio de Economía, resume tres ejes centrales:
- Que no se elimine el CIU, por ser respaldo documental del productor, pieza de información y herramienta histórica de acreditación de propiedad sobre la uva.
- Que se mantenga un control más preciso de varietales, hoy regulados por declaración jurada digital, pero sin verificación intermedia presencial.
- Que no se discontinúen permisos de tránsito y controles de movimiento de la uva y el vino a granel, vitales para la trazabilidad de la cadena, la seguridad del dato productivo y la protección del vinatero de escala pequeña.
Además, San Juan sumó pedidos específicos para proteger productores de “vinos de tercero”, solicitando un marco mínimo que impida arbitrariedades cuando el vino queda en guarda en bodega, antes de ser fraccionado.
Trazabilidad en riesgo
La medida también recorta la presencia del organismo regulador: bodegas de todo el país dejarán de recibir cerca de 5.000 inspecciones presenciales anuales en etapas tempranas e intermedias. Ese vacío –señalan gobiernos y cámaras– puede afectar la construcción de estadísticas varietales, el control de rendimientos, la trazabilidad del origen declarado y la documentación respaldatoria del productor.
Desde el primer día de 2026, el control de genuinidad del vino seguirá garantizado para el consumidor final porque el organismo mantendrá su potestad sobre el producto fraccionado listo para la venta, donde se verificará calidad y genuinidad. Pero el problema –dicen– está antes: sin CIU, sin tránsitos y con controles varietales solo declarativos, hay un tramo ciego en la cadena.
Respecto a si está previsto un encuentro con los funcionarios nacionales, Moreno contó que “no hay reuniones concretas acordadas con Nación, pero hay comunicación permanente”. Amparados en el “buen criterio y racionalidad”, confían en que Nación revise a tiempo sin necesidad de judicializar. Pero también fue enfático: “La insistencia es que sea cuanto antes”.
La Justicia como árbitro: amparo en marcha
El sector vitivinícola, salvo un actor puntual del rubro empresarial, trabaja también por la vía judicial. Las cámaras y entidades de Mendoza avanzan en la presentación de un amparo federal en tribunales mendocinos para suspender la vigencia de la Resolución 37/2025, previo a la cosecha 2026.
En este contexto, según dijo Moreno, no está descartado que San Juan se sume, pero por el momento sostienen un canal político-institucional para insistir ante Nación.
Por lo pronto, y antes de que empiece el nuevo año productivo, San Juan espera que Nación acuse recibo y revise lo necesario. Porque simplificar es avanzar, pero perder trazabilidad, datos y respaldo es retroceder en la industria.