Qué piensan los psiquiatras de San Juan de la ley de salud mental

En los últimos días, se conoció el asesinato en San Juan de un hombre de 68 años, quien fue asesinado de 100 puñaladas que le habría propinado una mujer. Durante la investigación se conoció el dato de que la presunta asesina tendría diagnóstico de esquizofrenia y surgió nuevamente la pregunta de qué hacía una mujer con este cuadro circulando por las calles y si no sería conveniente que esté internada en una institución mental. 

En medio de este panorama, reflotó una vez más la discusión por la Ley de Salud Mental, es que en el proyecto de Ley Ómnibus que envió el presidente Javier Milei al Congreso se incluye una serie de modificaciones a la ley 26.657, que es la que regula las formas de tratamiento y abordaje de las enfermedades mentales en la Argentina. Esto implica que por estos días se está discutiendo en todo el territorio la necesidad o no de modificar la mencionada ley. En San Juan se registran al menos dos posturas que opuestas sobre esta problemática.

Es que, mientras desde la Sociedad Sanjuanina de Psiquiatría se asegura que la modificación de la ley podría resultar beneficiosa, en la vereda de enfrente se encuentra un grupo de profesionales de la psiquiatría de San Juan. Se trata de un grupo de profesionales que incluso supieron impulsar las reformas realizadas recientemente en el sistema de salud mental de la provincia y que aseguran que no sería bueno aplicar las propuestas que presentó el presidente.

Laura Tamarit es una reconocida psiquiatra de la provincia que fue directora del ex Hospital Mental de Zonda y participó de la transición para que este nosocomio pasara a ser el Hospital General Julieta Lanteri, dejando de lado la política de encierro para las personas con enfermedades mentales para pasar a aplicar la ley 26.657 que plantea una serie de instancias de asistencia que no necesariamente implican el aislamiento.

En contacto con DIARIO HUARPE, Tamarit explicó que ella forma parte del colectivo de Profesionales a Favor de la Ley 26.657 y aseguró que la ley que propone el presidente implica el encierro, muchas veces innecesario, de las personas y la violación de los derechos de los pacientes de los pacientes.

Tamarit explicó que el proyecto que propone el mileismo permite la creación de nuevos manicomios o comunidades terapéuticas en los que se podría encerrar a las personas aun sin que ellas den el consentimiento. Además, permite que los jueces "por propia convicción" puedan ordenar el encierro en un manicomio.

La psiquiatra agregó que el texto de la ley no aclara si el magistrado habilitado para esto debe ser de fuero Penal o de Familia, esto implicaría entonces que cualquier juez podría mandar a un manicomio a una persona.

Aclaró a su vez que la actual ley 26.657 no prohíbe la internación, sino que se la toma como un último recurso y se establece una serie de criterios médicos y clínicos para recién ahí determinar si es productivo o no que una persona deba cumplir encierro.

Tamarit aseguró que en San Juan, desde que se comenzó con la implementación de la nueva ley de salud mental, se arbitraron diferentes medios para ayudar a la contención de la comunidad. Para ello se crearon herramientas de abordaje en los distintos centros de salud que cuentan con equipos psicosociales y también se crearon espacios jóvenes en los hospitales como una forma de dar contención a los adolescentes, especialmente después de los casos de suicidio que se registraron en San Juan.

Por su parte, Daniel Troncoso, presidente de la Asociación de Psiquiatría de San Juan, se mostró de acuerdo con la idea de rediscutir la normativa en el tema de la salud mental. Troncoso explicó que la entidad local "adhiere a lo manifestado por la Asociación Argentina de Psiquiatras que se mostraron proclives a qué discutan artículos de esta actual ley que no compartimos y que en su momento cuando se promulgó esta ley ni fuimos consultados cómo uno de los actores de la salud mental", opinó el profesional.

Troncoso explicó que la asociación que él preside emitió un comunicado en el que dejan en claro que consideran fundamental que esta sea una oportunidad de debate y de participación de las entidades médicas para llegar a una ley que sirva a todos.

El psiquiatra explicó que un punto que le parece importante es reivindicar la figura del hospital público que se dedica a la atención de la psiquiatría. Agregó que se debe dejar de lado la idea de manicomio y la idea de que la internación es un avasallamiento de los derechos de las personas y pensar en la alternativa de la internación como una opción que busca salvaguardar la integridad y los derechos de los pacientes que sufren enfermedades mentales.

Igualmente, el profesional aclaró que el sector adhiere a la necesidad de que haya controles en cuanto al tratamiento adecuado que debe recibir el paciente, evitar la estadía prolongada e innecesaria en hospitales especializados. Además, destacó la importancia de contar con dispositivos de salud mental que den contención a nivel comunitario. 

Para finalizar, el profesional destacó la importancia que tiene el profesional de la psiquiatría a la hora de diagnosticar estos problemas mentales porque son los únicos capacitados y habilitados para diferenciar síntomas psiquiátricos secundarios o enfermedades orgánicas que deben ser tratados con la medicación adecuada

El proyecto

El presidente Javier Milei, envió al Congreso de la Nación el proyecto denominado Ley Ómnibus. Dentro de las reformas que propone incluye el cambio a ocho artículos de la Ley N.º 26.657 de Salud Mental y Adicciones, que fue sancionada hace 10 años. 

La nueva norma prevé la posibilidad de hospitalización involuntaria, esta modificación de este punto pondría fin a los problemas de las familias que no lograron la internación de pacientes con diferentes patologías. 

Si bien se mantiene la internación como una medida excepcional, aclara que “procede, previa evaluación médica y del equipo interdisciplinario”, en cuatro casos, cuando la persona:

1. No logre adherencia a los abordajes ambulatorios y presente una falta de conciencia de enfermedad que afecte su capacidad de discernimiento y que implique una grave vulneración a su salud integral
2. Se encuentre en situación de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros
3. Con posterioridad a la internación, bajo el supuesto del punto anterior, no entrañe riesgo cierto e inminente para sí o para terceros, pero no hayan cesado las causas que generaron tal situación
4. Se trate de un menor de edad que padece adicción a sustancias psicoactivas que comprometa gravemente su salud integral o desarrollo psicofísico. En este caso, es a pedido de ambos padres o de quien/es ejerzan la responsabilidad parental, tutor o a requerimiento del juez, previa solicitud del órgano administrativo competente.

La modificación de la ley faculta al juez a “adoptar medidas de atención urgentes y deberá posteriormente realizar la correspondiente evaluación interdisciplinaria”.