Títulos truchos: Fiscalía pidió a Educación la nómina de todos los egresados para saber si hubo más “beneficiados”

La Justicia sanjuanina tiene en la mira a la docente Patricia Salvatierra. La mujer fue la directora del establecimiento educativo Presidente Néstor Kirchner, en Albardón, por el periodo comprendido entre el año 2015 al 2019. Se la acusa de falsificar títulos para que los alumnos se egresaran. Hasta el momento son cinco, incluido su hijastro, pero no descartan que sean más los que fueron “beneficiados” con esta maniobra delictiva.

En la audiencia de formalización que se realizó en las últimas horas en Tribunales, el Ministerio Público Fiscal encabezado por el doctor Iván Grassi, fiscal coordinador de la UFI Delitos Especiales, pidió la detención preventiva de la mujer entendiendo que podía entorpecer el desarrollo de la causa. El profesional relató que pidieron al Ministerio de Educación la nómina de todos los alumnos que se egresaron de esa institución en el periodo que Salvatierra estuvo como la máxima autoridad.

Grassi relató que tienen que analizar cuatro cajas repletas de documentos. El fiscal dijo que esto se da ante la posibilidad de que no se trate de un simple caso de falsificación ideológica de solamente cinco documentos, sino que podría ser muchos más. Por ese motivo entendió que la detención de la implicada era para que el proceso no corriera riesgo y así se entorpezca la investigación.

El titular de la UFI sentenció que Salvatierra, estando en libertad, podía influenciar a otros testigos que fueron convocados. Sin embargo, el juez Diego Sanz entendió el pedido de la Fiscalía, pero no le otorgó el plazo de seis meses que pedían inicialmente, sino que solamente le concedió 30 días. Precisó que la mujer podría coartar a alumnos y docentes debido a que fue la autoridad principal de ese establecimiento y la autora de este delito.

En la exposición de la imputación, Grassi dijo que convocaron a docentes de esa escuela para que aporten detalles de esta causa. “Muchos fueron promovidos por cuestiones de lealtad y estando en libertad la imputada podría influir sobre su testimonio”, explicó.

En la Justicia aseguran que hubo un ocultamiento de pruebas durante esos años. “Hay libros matrices que no han aparecido”, indicó el fiscal. Grassi argumentó que los armarios que estaban en la dirección fueron cerrados con candado y solamente tenía acceso la exdirectora Salvatierra, esto fue corroborado por las actuales autoridades. Esta práctica se mantuvo pese a que la funcionaria pública tuvo un cambio de tarea en agosto del 2020 en la escuela angaquera Bernardo Houssay.

Con la intervención judicial, luego del sumario administrativo de Educación, Fiscalía tuvo acceso a esos armarios y extrajeron toda la documentación que será clave a la hora de saber si había más alumnos contemplados dentro de esta operatoria.

DATO

La preceptora Natalia Arroyo reconoció que ella firmaba todos los registros para cerrarlos y pasar las notas para promover el ingreso de los estudiantes de secundaria. La mujer aceptó el juicio abreviado que acordó su defensora María Filomena Noriega y la Fiscalía. El mismo fue homologado por el juez Diego Sanz en donde terminó condenándola a tres años de prisión en suspenso –no irá presa– y la inhabilitación por seis años para ejercer cargos públicos.