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Una autopsia en Texas clasificaó como homicidio la muerte de un cubano en ICE
Un informe forense oficial determinó que la muerte de Geraldo Lunas Campos, un hombre cubano de 55 años detenido en el centro de inmigración Camp East Montana, en El Paso, Texas, fue homicidio.
POR REDACCIÓN
La Oficina del Médico Forense del Condado de El Paso (Texas) concluyó este miércoles que la muerte de Geraldo Lunas Campos, un cubano detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), fue un homicidio causado por asfixia por compresión en el cuello y el torso, tras un informe de autopsia que detalló lesiones compatibles con fuerza física ejercida sobre el cuerpo de la víctima.
El fallecimiento ocurrió el 3 de enero de 2026 en el centro de detención Camp East Montana —una instalación de inmigración en los terrenos de la base militar Fort Bliss en El Paso— cuando Lunas Campos estaba bajo custodia federal y fue sometido a una contención física por parte de los guardias, según los detalles del informe forense que señala la presencia de lesiones en el cuello, pecho y rodillas.
La versión del ICE, divulgada inicialmente, señaló que el detenido experimentó angustia médica y que había intentado suicidarse, afirmando que el personal actuó para evitar que se quitara la vida. Sin embargo, testigos y defensores de derechos humanos cuestionan esa narrativa, y el hallazgo forense apunta a que la asfixia ocurrió durante un episodio de sujeción física, lo que hace que la calificación de homicidio no implique necesariamente intención de matar, sino que la muerte fue causada por otra persona en el contexto de la intervención.
Este caso se suma a una serie de muertes de detenidos en instalaciones del ICE, incluido Camp East Montana, donde se registraron otras muertes en semanas recientes, generando preocupación entre legisladores, organizaciones de derechos civiles como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y críticos del sistema de detención migratoria por las condiciones y el uso de fuerza en estos centros.
Las circunstancias específicas de la sujeción y responsabilidad de los guardias continúan siendo investigadas, mientras que grupos de derechos humanos exigen investigaciones independientes y mayor transparencia en la gestión y supervisión de los centros de detención.