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Se demora la Ley de Glaciares, clave para San Juan y los proyectos mineros
El Gobierno de Milei demora el debate de la Ley de Glaciares. En San Juan preocupa el impacto sobre la minería y las inversiones atadas al RIGI.
POR REDACCIÓN
La Ley de Glaciares se demora en el Congreso Nacional y la postergación vuelve a encender alertas en San Juan, una de las provincias donde la definición del marco normativo es clave para el desarrollo minero. Mientras el oficialismo concentra su estrategia parlamentaria en la reforma laboral, la iniciativa que impacta de lleno en los proyectos cordilleranos quedó fuera de la agenda inmediata y suma incertidumbre en los distritos productivos.
La decisión se formalizó al no incluir el proyecto en la convocatoria a sesión prevista para la próxima semana. Desde el Gobierno nacional aseguran que cuentan con los votos necesarios para avanzar con la modificación de la ley, pero admiten que el tratamiento se demora por una cuestión de prioridades políticas y de tiempos legislativos.
La demora genera ruido entre los gobernadores de provincias mineras, que observan con cautela el escenario en el Congreso. En especial, en San Juan, donde la minería aparece como uno de los ejes centrales de la estrategia de desarrollo y donde varias iniciativas dependen de reglas claras para avanzar hacia nuevas etapas de inversión.
San Juan y una ley de impacto directo
Para la provincia, la Ley de Glaciares no es un debate teórico. Su eventual modificación tiene impacto directo sobre proyectos metalíferos de gran escala, en particular los vinculados al cobre, que requieren previsibilidad jurídica para atraer capitales y definir cronogramas de inversión.
El texto que impulsa el oficialismo propone una reinterpretación de la norma sancionada en 2010, especialmente del artículo que prohíbe actividades mineras, hidrocarburíferas e industriales en zonas consideradas reservas estratégicas de agua dulce. La iniciativa redefine los conceptos de glaciar y ambiente periglaciar, con el objetivo de precisar alcances y reducir zonas grises que hoy generan conflictos regulatorios.
En ese marco, San Juan aparece junto a otras provincias cordilleranas como una de las principales interesadas en que el Congreso avance con el debate y logre una sanción que otorgue mayor autonomía a los distritos en el manejo de sus recursos naturales.
El vínculo con el RIGI
La demora legislativa también se analiza en relación con el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones. En el sector minero advierten que, sin una definición sobre la Ley de Glaciares, parte del atractivo del RIGI pierde fuerza, ya que persisten dudas sobre la viabilidad de proyectos ubicados en zonas cordilleranas.
Para San Juan, la combinación entre un marco claro en materia de glaciares y los beneficios del RIGI es clave para consolidar inversiones, generar empleo y fortalecer la cadena de proveedores locales. Por eso, cada semana sin avances suma presión política y preocupación en el ámbito productivo.
Tensión política y señales contrapuestas
Mientras la Ley de Glaciares se demora puertas adentro, el Gobierno busca mostrar señales positivas hacia el exterior. En los últimos días, funcionarios nacionales participaron de encuentros internacionales donde se anunciaron inversiones millonarias para el sector minero argentino y se destacó el potencial del país a nivel global.
Ese contraste entre el interés internacional y la falta de definiciones en el Congreso refuerza el malestar en las provincias mineras. En San Juan, el mensaje es claro: sin una ley actualizada y consensuada, el avance de los grandes proyectos y su encuadre dentro del RIGI seguirán condicionados por la incertidumbre política.
Con la agenda legislativa enfocada en la reforma laboral, la Ley de Glaciares continúa demorada. Para una provincia que apuesta fuerte a la minería como motor de desarrollo, esa demora no es menor y mantiene en suspenso decisiones clave para los próximos años.