Judiciales > De Chimbas
Un chimbero fue condenado a cinco meses de prisión condicional
Un hombre oriundo de Chimbas fue condenado sin cárcel luego de que se comprobara que distribuía pornografía infantil.
POR REDACCIÓN
Un residente de Chimbas fue condenado por la Justicia sanjuanina tras una investigación que confirmó la carga de archivos ilegales desde su domicilio. El imputado, identificado con el apellido Vargas, fue hallado culpable del delito de tenencia y distribución de material de abuso y explotación sexual infantil.
La sentencia fue dictada durante la audiencia de formalización de la Investigación Penal Preparatoria. Se logró la resolución del caso mediante un juicio abreviado, luego de que Vargas reconociera la comisión del delito. La resolución judicial fue presidida por el juez Alberto Caballero.
Según se expuso en la audiencia, la investigación comenzó el 19 de septiembre de 2025. La fiscalía recibió cuatro reportes específicos del National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC). Este organismo es reconocido internacionalmente por su labor en la detección y denuncia de delitos vinculados a la explotación sexual infantil.
Los informes del NCMEC se originaron tras una alerta emitida por Google. Se comprobó que la plataforma detectó, entre el 9 y el 10 de agosto de 2025, la carga de material ilegal en una cuenta de Google Drive asociada directamente al acusado. Las pericias técnicas lograron establecer que se subió un total de 51 archivos multimedia. Además, se pudo determinar que todo el contenido fue cargado desde una única dirección IP, la cual fue geolocalizada en el domicilio de Vargas, en Chimbas. Los sistemas de cooperación internacional entre organismos de protección de niños, niñas y adolescentes y plataformas digitales permiten este tipo de detecciones.
Como resultado del acuerdo de juicio abreviado alcanzado, el acusado fue condenado a cinco meses de prisión de cumplimiento condicional. Esto implica que Vargas no ingresará a prisión efectiva, aunque las autoridades judiciales le impusieron el cumplimiento de reglas de conducta obligatorias. Finalmente, la Justicia ordenó la sanitización del dispositivo electrónico que fue secuestrado durante la causa, antes de su posterior devolución al condenado.