Megacausa expropiaciones: picantes repercusiones tras conocerse la fecha de juicio

El tribunal de la Sala I de la Cámara Penal definió, mediante dos resoluciones, las pruebas presentadas por las partes en la llamada megacausa expropaciones. Las mismas se reproducirán en el juicio, que ya tiene fecha del inicio del debate oral y público, lo más esperado por la parte querellante y acusatoria.

El 19 de octubre comenzará el juicio, pero antes llegaron las primeras repercusiones de la decisión que tomaron los magistrados de la causa. Primero por parte de un abogado de la defensa, Cayetano Dara, y después, en respuesta, el fiscal de Estado y representante de la querella, Jorge Alvo Varela. 

"Decir que la causa está elevada a juicio es un eufemismo. Si bien nos notificaron la fecha de juicio y una resolución de las pruebas referidas a las partes, cuando fuimos a buscar los autos (sentencias) para ver los fundamentos, nos encontramos con la grata sorpresa que no estaban. Supuestamente, dicen que fue enviado a la fiscalía para ser notificados y que hasta la semana que viene no estarían", dijo Cayetano Dara en diálogo con radio Light. El letrado, junto con el resto de los abogados de la defensa, pidió la interrupción de los plazos procesales, para ejercer "el derecho de defensa una vez que se conozca los fundamentos". 

Santiago Graffigna, el abogado sindicado como el jefe de una red delictiva que se dedicaba a inflar el valor de terrenos a expropiar con la intención de sacarle plata de más al Estado. Foto archivo DIARIO HUARPE.

Dara repartió una serie de críticas contra el tribunal, compuesto por los jueces Silvina Rosso de Balanza, Martín Heredia Zaldo y Matías Parrón. Primero dijo que los magistrados les había notificado hace unos días una resolución que había sido tomada en febrero, cuanto lo tendrían que haber hecho 24 horas posteriores a la determinación. En segundo lugar, señaló que el tribunal invocó el Código Procesal viejo y no el nuevo. Por último, criticó al tribunal argumentado que es ilegítimo. Como muchos de los jueces se inhibieron o fueron recusados, Rosso de Balanza llamó a concurso en diciembre de 2020, pero según Dara, el juez natural de la sala era Heredia Zaldo y ella carecía de esa facultad. Por tal motivo y otros planteos rechazados, la defensa pidió jury para el tribunal. Cabe recordar que ya había conseguido anular la primera conformación del tribunal lograda en diciembre de 2019.

El abogado Cayetano Dara, que representa al abogado Héctor Alday en la causa, dijo para cerrar: "Estoy convencido de que es la causa es una fantochada total, aprovecharon la buena voluntad de los medios para hacer creer a la gente que hubo un magno delito cuando no hubo delito". "Las causas civiles no fueron anuladas, a los dueños de la tierra expropiada no los llamaron nunca y son los que se llevaron toda la plata, los abogados sólo cobraron sus honorarios", agregó. 

El momento en que se conformó el tribunal del juicio por concurso, ahora duramente cuestionado.

Quien no comparte la mirada del abogado Dara es el fiscal de Estado, Jorge Alvo Varela. El representante de la provincia habló de resoluciones pertinentes y mencionó las sanciones económicas que el tribunal dictó a dos de los abogados de la causa, entre ellos, a Dara. Los letrados fueron multados a pagar $300.000 por plantear reiteradamente hechos ya resueltos en el proceso. Primero les llamaron la atención y como no acataron, correspondía el castigo económico. 

"Continúan dilatando más el trámite de la causa. No les pueden estar dando curso a todos los planteos, las causales de jury son reiterativas", dijo Alvo Varela. "Hay que poner un parate, parece que pretenden que sigamos 12 años más con el legajo", cerró el fiscal de Estado.

Cayetano Dara fue abogado de la exjueza Rosalba Marún, también imputada en la megacausa, pero su defensa terminó tras el fallecimiento de la mujer.

La megacausa de las expropiaciones es una de las más complejas que se haya llevado a cabo en la Justicia local. A esto se le suma que entre los imputados hay reconocidos profesionales. Además de Alday y Santiago Graffigna (apuntado como el jefe de la asociación ilícita), se encuentran el exjuez Carlos Macchi; el exfiscal de Estado, Mario Díaz; los exmiembros del Tribunal de Tasaciones Pedro Bazzani, Adolfo Cravero, Julio Fernández, José Moreno y Eduardo Olivera; la experito oficial, Ana María Melvin; el exempleado del Estado, Néstor Adán Ruiz y los peritos de parte Víctor Bustos, Fernando Videla y Juan Pablo Quiroga.

El Ministerio Público Fiscal calcula que el accionar y la connivencia de los imputados le causó al Estado un perjuicio económico de $42 millones. Eso pagó el Estado por inmuebles que fueron expropiados y sobrevaluados. Cuando el escándalo salió a la luz, la provincia frenó el pago de unos $1.500 millones por el mismo concepto y se salvó de que el perjuicio fuera mayor.

Fiscal de Estado Jorge Alvo Varela.

Para la etapa del juicio, que tiene fecha de inicio, pero no fecha de finalización, se prevé que haya 62 testigos. Para hacer el debate sin mayores problemas con el tema logístico, la Justicia baraja un escenario más grande. Sonó primero el Concejo Deliberante de Capital, pero quedó descartado y todo indica que el juicio se desarrollará en el Sirio Libánes, escenario muy utilizado para sus actividades por parte de la Corte de Justicia. Además, allí se realizó el jury contra Javier Alonso, el juez de Jáchal destituido por demorar 500 causas en la Segunda Circunscripción del Poder Judicial de San Juan.