Comunidad > Un debate con final abierto
Proyecto minero San Jorge: todo lo que dejaron las audiencias por el cobre mendocino
La audiencia pública oficial por el proyecto minero PSJ Cobre Mendocino finalizó con mayoría de apoyos, pero también crece la resistencia desde organizaciones sociales, científicas y asambleas por el agua.
La provincia de Mendoza vive por estos días una nueva edición del debate que marcó su historia reciente: minería sí o no. El eje del conflicto es el proyecto PSJ Cobre Mendocino, una iniciativa para explotar cobre en el norte provincial impulsada por la sociedad conformada por Zonda Metals y el Grupo Alberdi.
La audiencia pública oficial, convocada por el Gobierno provincial, finalizó este pasado lunes 11 de agosto tras 10 días de exposiciones. Según los datos preliminares, alrededor del 60% de los oradores manifestaron su apoyo al emprendimiento, aunque con énfasis en que se respeten marcos normativos ambientales estrictos. Ahora se habilitó un plazo adicional de cinco días que culmina este viernes 15 de agosto, para recibir consultas por correo electrónico audienciasmineria@mendoza.gov.ar, extendiendo así las oportunidades de participación.
El proyecto cuenta con aval técnico de la Comisión Evaluadora Interdisciplinaria Ambiental Minera (Ceiam) y se espera la inminente emisión de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Pero como la audiencia oficial no es vinculante, el paso decisivo dependerá de la Legislatura provincial, que deberá aprobar —o no— el expediente, como lo exige la ley 7.722, histórica normativa que limita el uso de sustancias tóxicas en procesos extractivos. El gobernador Alfredo Cornejo ya anticipó que enviará el texto antes de fin de año para su debate parlamentario.
La "otra audiencia": una resistencia que crece
En paralelo, se desarrolló una audiencia alternativa en la Parroquia de Uspalla, organizada por asambleas por el agua, organizaciones socioambientales, estudiantes, especialistas y sectores políticos que rechazan de plano el proyecto. Bautizada “Nuestra Audiencia”, logró convocar a más de 3.000 personas, muchas de las cuales firmaron ante escribano público un acta de rechazo al emprendimiento.
Mientras en la audiencia oficial se destacaban los beneficios económicos y el respeto a la legislación, en Uspalla se advertía sobre los riesgos ambientales, sanitarios y sociales del proyecto. Las intervenciones incluyeron denuncias por corrupción, críticas al lobby minero y comparaciones con luchas anteriores, como las de 2007, 2011 y 2019, cuando la ciudadanía mendocina logró frenar intentos similares.
Entre los oradores estuvieron el académico Marcelo Giraud, y los ciudadanos Mauricio Cornejo y Federico Soria, quienes denunciaron haber sido perseguidos por el Gobierno mendocino por sus posturas críticas. También participaron dirigentes como Lautaro Jiménez y Micaela Blanco Minoli, quienes acusaron a la gestión Cornejo de “gobernar para las mineras” y llamaron a “derrotar el proyecto en las calles”.
La audiencia fue tan concurrida que no se pudo registrar la totalidad de las firmas ni permitir que todos los anotados expusieran, por lo que continúa en formato virtual para seguir recibiendo rechazos al emprendimiento.
Informes técnicos que alimentan el rechazo
La polémica se intensificó luego de la publicación de un informe técnico de la Universidad Nacional de Cuyo, que identificó 26 incumplimientos normativos y técnicos en el estudio de impacto ambiental de PSJ. Entre las observaciones más graves figuran:
- Falta de información sobre uso y afectación del agua.
- Ausencia de un plan de contingencia ante fallas en pilas de cola.
- Deficiencias en los estudios de riesgo sanitario y ecosistémico.
Por su parte, la Facultad de Medicina de la UNCuyo evaluó los cuatro reactivos químicos propuestos por la empresa y concluyó que presentan riesgos severos para la salud humana y el ambiente. Se trata de sustancias que podrían generar lixiviados contaminantes, persistentes y bioacumulativos.
Los especialistas también alertaron que el área del proyecto se encuentra en una cuenca hídrica vital para el oasis norte de Mendoza, y que cualquier alteración podría afectar acuíferos, arroyos y el propio río Mendoza, fuente clave de agua para consumo, riego y producción vitivinícola.
Un conflicto que reabre heridas
Más allá de los aspectos técnicos, lo que volvió a quedar en evidencia es la fractura social y política en torno al modelo productivo de Mendoza. Por un lado, el gobierno provincial y sectores empresariales promueven el desarrollo minero como motor de empleo, inversión y divisas. Por otro, organizaciones ciudadanas, científicas y territoriales advierten que se trata de un camino peligroso, que pone en juego los bienes comunes, la salud y el agua.
Ambas audiencias reflejan dos visiones irreconciliables: una institucional, validada por los mecanismos formales del Estado; otra territorial y autónoma, que desconfía de los canales oficiales y se organiza para defender derechos colectivos.
Lo que se debate en Mendoza no es solo un proyecto minero, sino qué tipo de desarrollo se quiere para la provincia. Una decisión que excede lo técnico y lo económico, y que vuelve a colocar a la ciudadanía en el centro de una discusión que —como en años anteriores— podría definirse también en las calles.