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Audiencia pública por el proyecto minero San Jorge comenzó con polémica
Mientras el Gobierno de Alfredo Cornejo defendía su legalidad, en el casco urbano de Uspallata, más de 2.000 personas realizaron una audiencia paralela. Acusaciones de montaje, exclusión y represión marcaron el inicio de la nueva era minera en Mendoza.
El sábado 2 de agosto comenzó oficialmente la audiencia pública ambiental del proyecto minero San Jorge, rebautizado “PSJ Cobre Mendocino”, en lo que el gobierno provincial define como el relanzamiento de la minería en Mendoza. Sin embargo, lo que debía ser una instancia democrática de participación ciudadana, arrancó atravesado por la polémica y la desconfianza.
La sede elegida por el Ejecutivo de Alfredo Cornejo fue el campamento privado de la minera Solway Holding, ubicado 45 kilómetros montaña adentro. Mientras tanto, en el casco urbano de Uspallata, vecinos y organizaciones sociales llevaron adelante una audiencia paralela en la parroquia local, con una concurrencia masiva que puso en cuestión el carácter “público” del evento oficial.
Una audiencia oficial con acceso restringido
Según datos oficiales, en el campamento de Solway se autorizaron 889 oradores presenciales y otros 1.380 virtuales, sumando un total de 2.269 inscriptos.
Sin embargo, varios sectores denunciaron haber sido impedidos de participar, entre ellos, prensa independiente y el diputado del Partido Verde Emanuel Fugazzotto, quien denunció haber sido agredido en la puerta del recinto: “LA AUDIENCIA PÚBLICA QUE NO ES PÚBLICA”, escribió en sus redes. “Fuimos hasta la escena montada por el Gobierno y no nos dejaron ingresar, ni como oyentes, ni como oradores, a pesar de estar inscriptos. Queríamos controlar el desarrollo de la misma, y nos respondieron con violencia. Vamos a plantear la nulidad de esta audiencia mentirosa”.
Mientras tanto, dirigentes políticos, empresarios y vecinos con expectativas de desarrollo defendieron el proyecto en lo que pareció una puesta en escena favorable al extractivismo. La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, defendió la iniciativa apelando a una “minería responsable”, y el CEO de la empresa, Fabián Gregorio, prometió cumplir “económica, ambiental y socialmente”.
El pueblo en la parroquia: más de 2.000 voces en defensa del agua
Del otro lado, en Uspallata, la ciudadanía tomó la palabra sin intermediarios. Más de 2.000 personas llegaron en caravana desde distintos puntos de la provincia —Malargüe, General Alvear, San Rafael, San Carlos, Tupungato, Tunuyán, Potrerillos, Zona Este y Gran Mendoza— y expresaron su rechazo al proyecto en una audiencia paralela que desbordó la parroquia local.
“El agua de Mendoza no se negocia” fue la consigna que atravesó todas las intervenciones. Allí, sin cámaras oficiales ni discursos guionados, se escucharon voces críticas a la falta de transparencia del proceso, a la ubicación elegida para la audiencia oficial, y a lo que consideran una reedición del intento por avanzar con un proyecto que ya fue rechazado social y políticamente en varias oportunidades.
Dieciocho años de resistencia y un “no” que persiste
No es la primera vez que el proyecto San Jorge genera conflicto. Desde 2007, la comunidad de Uspallata ha expresado su oposición a la explotación minera en las nacientes del río Mendoza. En 2011, la Legislatura provincial rechazó una versión anterior del mismo proyecto, y en 2019, el histórico "Mendoaguazo" logró frenar reformas que pretendían flexibilizar la Ley 7722, que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en minería.
A pesar de ese historial de resistencia, el gobierno de Cornejo vuelve a impulsar el proyecto bajo nuevas condiciones. Argumenta que el procedimiento cumple con la Ley 5961 sobre audiencias públicas y el Decreto 820 que regula el desarrollo minero, y asegura que la Legislatura tendrá la última palabra al evaluar la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), tal como exige la 7722.
Justicia, cautelares y Acuerdo de Escazú
Previo a la audiencia, el exsenador Marcelo Romano y la organización ambiental OIKOS habían presentado un amparo para suspenderla, argumentando que su localización en un área remota de la cordillera limitaba la participación ciudadana y el acceso a la información, en violación del Acuerdo de Escazú. Sin embargo, la jueza Cecilia Landaburu rechazó la medida cautelar, considerando que se cumplían condiciones mínimas de acceso al evento mediante transmisión en vivo y participación virtual.
El fallo permitió que la audiencia se desarrollara tal como había sido planificada, aunque las críticas por su legitimidad no cesaron.
¿Un debate abierto o una puesta en escena?
Mientras el Gobierno defiende su estrategia como parte de una política de desarrollo sostenible y generación de empleo, las voces críticas insisten en que se trata de un montaje para legitimar un modelo extractivo que vulnera derechos básicos.
La audiencia pública, que no es vinculante, podría extenderse hasta diez días. Una vez finalizada, será la autoridad de aplicación la que defina la aprobación o no del proyecto, y luego la Legislatura provincial deberá decidir si otorga el aval definitivo.
Pero más allá de los trámites legales, lo que quedó claro desde el primer día es que el debate sobre el futuro minero de Mendoza no se limita a los pasillos institucionales. Está en las calles, en las parroquias, en las montañas y en cada voz que, a favor o en contra, reclama ser escuchada.